El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una norma que modifica las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, habilita su compatibilidad con el empleo registrado y fija mecanismos de actualización y financiamiento para las prestaciones del sector. La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente, con nuevas exigencias para los beneficiarios y controles periódicos sobre el sistema.
La sanción definitiva se produjo en medio de la discusión por el vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Con la nueva legislación, el Gobierno contará con un marco normativo para sostener las pensiones y las prestaciones, aunque con condiciones específicas para acceder a los beneficios y mantenerlos. El texto apunta a ordenar un universo que combina asistencia económica, cobertura médica y aranceles para prestadores.
Pensiones y requisitos
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se mantienen en un equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El monto continuará actualizándose de acuerdo con la movilidad previsional. Para acceder, los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, mientras que en el caso de personas extranjeras se exigirá una residencia legal, mínima y continuada de al menos cinco años antes del pedido.
La norma además establece que los solicitantes no podrán percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, calculados sobre los ingresos individuales y no sobre los del grupo familiar. Tampoco podrán cobrar otra jubilación, retiro o pensión, contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente. La ley incorpora una evaluación socioeconómica para determinar si corresponde otorgar el beneficio, y en el caso de quienes sean propietarios de una vivienda, deberán acreditar que se trata de su única vivienda familiar.
Compatibilidad laboral y controles
Uno de los cambios de mayor alcance es la compatibilidad entre el cobro de una pensión y el trabajo registrado. A partir de la nueva ley, las personas con discapacidad podrán incorporarse al empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos. Si superan ese límite, la pensión quedará suspendida mientras dure esa situación. Cuando termine la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope, el titular podrá pedir la rehabilitación del beneficio, que regirá desde la fecha de presentación del trámite.
En paralelo, la ley establece un sistema de auditorías periódicas para controlar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones exigidas. La Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Si detecta un posible incumplimiento, deberá notificar los motivos y dar un plazo para descargo antes de disponer una suspensión preventiva de la prestación.
Prestadores y financiamiento
En materia de salud, la norma mantiene la cobertura médica para las personas que perciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral. El acceso se garantizará a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace, con las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. El CUD seguirá siendo la herramienta central para acreditar la condición y acceder a los beneficios correspondientes. El otro capítulo relevante está vinculado con los prestadores: la ley conserva el nomenclador único y establece que los aranceles tendrán una actualización automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria.
Además, se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto. Para financiar el nuevo régimen, el gasto se cubrirá inicialmente con partidas del Ministerio de Salud y, si resultan insuficientes, con compensaciones de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. El texto también fija una garantía presupuestaria para que los recursos destinados al área no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.




