El Senado nacional volvió a marcar límites a la estrategia legislativa del oficialismo y dejó en suspenso la reforma electoral, en especial la eliminación de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). La discusión se da en un cuerpo donde La Libertad Avanza partió con apenas 7 senadores y debió apoyarse en alianzas variables para sostener su agenda. Ese esquema, según el texto original, mostró desde el inicio que los votos disponibles eran prestados y que podían cambiar según cada proyecto. La consecuencia inmediata es que la modificación del régimen electoral quedó sin fecha cierta de tratamiento.
La nota recuerda que el oficialismo consiguió al comienzo una mayoría amplia pero inestable, y que esa situación quedó expuesta cuando el Senado introdujo cambios a la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y luego rechazó el DNU 70/23. Con una composición más favorable después de las elecciones intermedias, el Gobierno logró avanzar con mayor facilidad durante el verano, pero ese respaldo no se consolidó como una base permanente. En ese tramo, el texto atribuye a Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, un papel central en la construcción de acuerdos legislativos. La fragilidad de esos respaldos reaparece ahora en el debate sobre la reforma electoral.
Reforma electoral en duda
El punto más sensible es la eventual suspensión o eliminación de las PASO, una iniciativa que el oficialismo considera prioritaria. Según el material de origen, fuentes oficialistas sostienen que Diego Santilli afirma tener los votos necesarios, pero Bullrich ya habría admitido que “los votos no están”. También se señala que desde Casa Rosada se descartó dividir el proyecto para tratar por separado Ficha Limpia. La definición, de acuerdo con el texto, no depende solo de La Libertad Avanza ni del interbloque que conduce José Mayans, sino de un grupo de 26 senadores dialoguistas. Entre ellos, entre 8 y 10 no responderían a sus gobernadores, lo que vuelve más incierto el resultado de cualquier votación.
En ese marco, una fuente legislativa citada por el material sostuvo que “la reforma electoral no corre” y que avanzar con la eliminación de las PASO implicaría “darle la lapicera de todas las listas a Karina Milei”. El texto agrega que la Cámara Nacional Electoral, integrada por Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, emitió una acordada extraordinaria en la que pidió al Congreso debatir con suficiente anticipación las reformas electorales para no afectar la previsibilidad del proceso. Allí advirtió que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”. Por eso, cualquier cambio debería resolverse antes de fin de año o, como máximo, en extraordinarias de febrero.
Agenda legislativa y plazos
El texto ubica la próxima sesión del Senado para el 25 de noviembre, cuando Diego Santilli presentaría su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, según la nota enviada por el propio funcionario. Al día siguiente, la Cámara alta prevé tratar la inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que volvería con modificaciones de Diputados y quedaría convertido en ley. También se menciona el ingreso de una nueva tanda de pliegos para su tratamiento. En paralelo, siguen pendientes el proyecto Hojarasca, que busca derogar o modificar unas 70 leyes y decretos sancionados entre 1864 y 2015, y la ley general de Sociedades, enviada por el Poder Ejecutivo el 29 de mayo de este año. Esa iniciativa apunta a modernizar el régimen de creación y funcionamiento de empresas y contempla, según el texto, la posibilidad de sociedades gestionadas íntegramente por algoritmos o sistemas de IA (inteligencia artificial).
Ambas propuestas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, quien las defendió personalmente en el Congreso. El material sostiene que el Gobierno buscará destrabar su tratamiento, aunque admite que Hojarasca requeriría modificaciones para avanzar. En cuanto al Presupuesto 2027, el texto lo ubica para diciembre y supedita su debate en el Senado a la previa aprobación en Diputados. La agenda inmediata queda, así, condicionada por la capacidad oficialista de recomponer acuerdos en una Cámara alta donde cada negociación tiene un costo político y reglamentario.
Consejo de la Magistratura
Otro capítulo relevante es la renovación de lugares en el Consejo de la Magistratura. Según el material, en los próximos días la titular del Senado enviará la lista de nombres propuestos por los bloques para integrar ese organismo. La distribución se rige por la restitución de la Ley 24.937, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la reforma de 2006 sobre la composición del Consejo. Con ese esquema, el Congreso aporta 8 miembros: 4 por cada cámara, distribuidos entre el bloque con mayoría, la primera minoría y la segunda minoría. De acuerdo con la conformación mencionada en el texto, los dos lugares por el bloque más grande corresponderían al bloque Justicialista, uno a La Libertad Avanza y el restante al bloque radical. Esa definición será una de las variables institucionales a seguir en las próximas semanas.
