El Gobierno introdujo cambios en el proyecto de Ley de Tierras con el objetivo de reunir los votos necesarios en el Senado y evitar una nueva derrota parlamentaria. La nueva versión mantiene límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y fija un tope del 25% de la superficie de cada provincia.
La senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, presentó las modificaciones en una conferencia de prensa junto a Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones que trabajaron la iniciativa. "Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto", señaló al explicar los alcances del texto revisado.
El principal cambio se concentra en el artículo 25. La redacción original eliminaba el tope vigente del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, mientras que el nuevo dictamen establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir más del 25% del territorio de cada provincia. Bullrich sostuvo que la referencia se tomó del esquema vigente en Brasil y agregó: "Pusimos 25% porque Brasil tiene un 25%, en acuerdo y por pedido de nuestros aliados pusimos un límite que nos parece razonable".
Además, la propuesta dispone que toda compra de tierras rurales por parte de extranjeros deberá registrarse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad del comprador. También incorpora controles para personas jurídicas, agrupaciones empresarias y estructuras asociativas con participación estatal directa o indirecta, que necesitarán autorización conjunta de la Nación y las provincias.
Las modificaciones buscan acercar posiciones con sectores de la oposición dialoguista que habían cuestionado la eliminación de las restricciones vigentes. La votación prevista para este jueves sigue abierta y, según las estimaciones parlamentarias, podría definirse por pocos votos. La Libertad Avanza calcula entre 38 y 40 apoyos, aunque otras proyecciones ubican la disputa en un escenario más estrecho, con bloques que se atribuyen entre 34 y 35 votos.
Entre las definiciones pendientes aparecen los senadores de Misiones, la radical chubutense Edith Terenzi y la exsecretaria de Energía Flavia Royón, que todavía no confirmó su postura. También sigue en análisis la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa la semana 32 de embarazo y pidió participar de manera remota por una indicación médica que le impide viajar a Buenos Aires.
La vicepresidenta Victoria Villarruel deberá resolver si habilita esa modalidad de votación, una decisión que podría incidir en la composición del recinto. En paralelo, el interbloque peronista adelantó que rechazará la iniciativa y su jefe de bloque, José Mayans, afirmó: "Sin territorio no hay país".
El proyecto integra el paquete denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también incluye cambios en expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. En materia de expropiaciones, el nuevo dictamen incorpora que la declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva y que la medida deberá ser "idónea, necesaria y proporcional" para cumplir con el objetivo planteado.
