El Gobierno nacional impulsa un cambio de rumbo en la política sobre la propiedad de tierras rurales y convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre. La iniciativa busca derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que eliminó las restricciones para la compra de terrenos por parte de extranjeros. Si prospera, volvería a regir el límite del 15% de titularidad extranjera previsto en la Ley de Tierras.
Según informaron fuentes del oficialismo a Infobae, la definición forma parte de una estrategia para ordenar la agenda legislativa y evitar una sesión que sectores de la oposición pretendían realizar el 15 de octubre. En la Casa Rosada sostienen que esa convocatoria no reunía los votos necesarios para alcanzar el quórum, es decir, el número mínimo de legisladores presentes para sesionar. La decisión también representa un giro respecto de la desregulación introducida por el decreto firmado al inicio de la gestión de Javier Milei.
Agenda legislativa
La discusión sobre la extranjerización de tierras será uno de los ejes de una jornada con varios proyectos en tratamiento. El temario que prepara el oficialismo incluye iniciativas vinculadas con discapacidad, endeudamiento familiar y soberanía nacional, además de propuestas impulsadas por bloques aliados. Antes de la sesión, el 14 de octubre, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzarán a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La intención libertaria es incorporar allí un apartado específico sobre la compra de tierras por extranjeros. Con ese movimiento, el Gobierno busca acercar posiciones con diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y fuerzas provinciales. Esos espacios cuestionan la eliminación de los límites, aunque no necesariamente acompañan una derogación integral del DNU 70/23. Desde el oficialismo advierten que dejar sin efecto el decreto completo podría generar complicaciones administrativas y judiciales por la cantidad de regulaciones que modificó.
Deudas familiares
Otro de los proyectos que el oficialismo llevará al recinto apunta al endeudamiento y la morosidad de los hogares. La propuesta plantea mejorar la educación financiera, brindar información más clara sobre tasas de interés y costos de los créditos, y establecer mecanismos para prevenir que los consumidores acumulen deudas impagables. También incorpora reglas para préstamos otorgados mediante plataformas digitales, con doble validación de identidad y aceptación, prohibición de interpretar el silencio como consentimiento y entrega inmediata de las condiciones contractuales en formato digital.
El texto no incluye límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses. En cambio, sectores del peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas promueven una alternativa que declara la emergencia por 180 días y habilita un esquema de refinanciación para determinadas deudas familiares. La definición de ese capítulo dependerá de la negociación parlamentaria previa a la sesión del 21 de octubre.
Discapacidad y soberanía
La agenda también prevé una nueva iniciativa sobre discapacidad, luego de que el oficialismo modificara su postura respecto de cambios incorporados en el Presupuesto 2027. El proyecto que impulsa La Libertad Avanza mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y un sistema de aranceles unificados. Además, permitirá compatibilizar la pensión con un empleo registrado, siempre que el salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El cuarto eje estará vinculado con la soberanía nacional. El oficialismo buscará avanzar con un proyecto que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina. La propuesta extiende el alcance de la Ley 26.659 para abarcar también recursos renovables y no renovables sin autorización argentina, con multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para operar. La convocatoria del 21 de octubre será la instancia en la que el oficialismo medirá apoyos para sostener ese paquete de cambios y las concesiones que aceptó para reunir respaldos.
