Luego del traspié político que sufrió el gobierno de Javier Milei con la caída del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Mesa Política volvió a reunirse para recalibrar la estrategia legislativa. Al encuentro se incorporó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, convocado por Karina Milei.
La presencia del funcionario apunta a reforzar el respaldo político a su agenda y, al mismo tiempo, a ordenar un filtro previo sobre los proyectos que impulsa antes de su envío al Congreso. La señal es clara: el oficialismo busca evitar nuevos tropiezos en el Parlamento, donde quedó expuesta su debilidad para sostener iniciativas sensibles.
En ese marco, uno de los puntos que surgió en la reunión fue la posibilidad de introducir cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal II, que este miércoles comenzará a tratarse en comisión en Diputados. La modificación que analiza el Gobierno apunta a excluir a los funcionarios del nuevo esquema, una decisión que podría destrabar apoyos y facilitar la aprobación de la iniciativa.
Según trascendió, la intención oficial es permitir que las personas con cargos políticos puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no a la exteriorización de los dólares del colchón ni de fondos no declarados. La definición no es menor: busca reducir objeciones políticas y, al mismo tiempo, acotar el alcance del beneficio en un terreno especialmente sensible para la discusión pública.
Desde el bloque libertario de Diputados reconocieron la tensión que genera ese punto. “Hay un ruido con el tema Inocencia. La idea es no permitir a los funcionarios entrar”, señalaron a iProfesional. En esa línea, explicaron que, aun en caso de ingresar al esquema, los funcionarios seguirían obligados a presentar su declaración ante la Oficina Anticorrupción, por lo que el beneficio concreto quedaría limitado a las multas y su prescripción.
El proyecto que el oficialismo giró al Congreso en julio también propone cambios de fondo en el régimen tributario. Entre ellos, elimina los límites de ingreso al Ganancias Simplificado, que hoy exigen tener menos de $1.000 millones de ingresos anuales y menos de $10.000 millones de patrimonio. La discusión que se abre en Diputados no solo definirá el futuro de la iniciativa, sino también el margen político del Gobierno para sostener su agenda legislativa tras la última derrota parlamentaria.
