El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a cuestionar los subsidios generalizados a las tarifas energéticas y a los combustibles, al sostener que son una herramienta costosa e ineficiente para proteger a los hogares frente a aumentos en el costo de vida. En su lugar, recomendó transferencias de ingresos temporales y focalizadas para asistir a los sectores más vulnerables.
La postura fue incluida en el capítulo 2 del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), dedicado al impacto de las crisis del costo de vida y a las herramientas disponibles para los gobiernos ante shocks que elevan los precios de los alimentos y la energía. El organismo afirmó que las medidas generalizadas de contención de precios son una forma costosa e ineficiente de protección durante esas crisis.
Distribución del beneficio Según el FMI, los aumentos de la energía y de otros productos básicos afectan con mayor intensidad a las familias de menores ingresos, reducen el salario real y pueden contribuir a desanclar las expectativas de inflación. En ese análisis, el organismo examinó subsidios al consumo, controles de precios y subsidios a los productores. También sostuvo que las transferencias focalizadas y temporales permiten concentrar los recursos públicos en quienes necesitan asistencia y preservar incentivos para que la demanda se ajuste ante un shock de precios.
El informe agregó que brindar un nivel equivalente de protección mediante medidas generalizadas puede requerir entre 3 y 22 veces más recursos fiscales, según el mecanismo utilizado. En el caso de los subsidios al consumo, el costo puede ser entre tres y seis veces mayor que el de las transferencias directas, mientras que los subsidios a los productores pueden demandar entre 14 y 22 veces más. El FMI señaló además que menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidiar electricidad, gas natural y gasolina llegan al 20% más pobre de la población, mientras que en combustibles el quintil de mayores ingresos recibe alrededor de 40 centavos por cada euro.
Impacto fiscal El organismo advirtió que el costo fiscal de estos esquemas adquiere mayor relevancia cuando los gobiernos tienen margen presupuestario limitado. Según el FMI, las mejoras iniciales que generan los controles o subsidios sobre los precios pueden quedar compensadas a mediano plazo por el aumento de la deuda pública y por el ajuste fiscal necesario para financiarlos. También planteó que las intervenciones sobre precios deberían ser temporales y contar con mecanismos de finalización claramente establecidos.
El diagnóstico se conoció en un contexto de fuerte recomposición de las tarifas de servicios públicos en la Argentina. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 867% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, frente a un avance de 254% del nivel general de precios. En ese período, el gas natural registró una suba superior al 1.600% y el transporte casi 1.500% desde diciembre de 2023.
Argentina y la revisión del programa En septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $268.405 para cubrir energía, transporte y agua potable. La canasta de servicios públicos representó el 14,6% de un salario promedio registrado estimado en $2.024.647, más del doble de la proporción que tenía a fines de 2023, cuando se ubicaba por debajo del 6%. Aun así, el observatorio estimó que los hogares del AMBA pagan en promedio el 54% del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado cubre el 46% restante.
El planteo del FMI se conoce mientras continúan las conversaciones con el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa acordado con el organismo. La vocera del Fondo, Julie Kozack, señaló que el diálogo con el equipo económico encabezado por Luis Caputo incluye la recuperación de la economía y la necesidad de ampliar los beneficios del crecimiento. En esa línea, el FMI también destacó la importancia de fortalecer la economía y generar empleo, mientras insiste en que, ante shocks que elevan el costo de vida, la asistencia debería ser focalizada y temporal y no generalizada.
