La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados tratará este martes, desde las 15, un proyecto que busca incorporar penas específicas para hechos de vandalismo rural y daños contra la infraestructura productiva. La iniciativa es impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain (Pro), presidente de esa comisión, y será debatida en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Además de ese expediente, el temario incluye una docena de proyectos de resolución y declaración.
El texto ya pasó por la Comisión de Legislación Penal, que es cabecera del tratamiento por tratarse de una reforma del Código Penal. Según el proyecto, se incorporaría el artículo 150 bis, con una pena de prisión de un mes a un año para quien ingresare en un establecimiento rural, terreno o dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La propuesta presume esa voluntad cuando existan cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso.
Alcance de la reforma
La iniciativa aclara que no se configurará delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir con claridad el límite con la vía pública. En otro tramo, plantea incorporar el artículo 184 bis, con penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces el valor del daño causado para quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe bienes que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Entre los elementos mencionados figuran cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña.
Ese mismo artículo prevé idéntica pena para quien destruya o dañe instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua. Además, establece que la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiera determinado a otro a cometer el hecho fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria. El proyecto también modifica el artículo 209 del Código Penal, que hoy prevé prisión de 2 a 6 años para quien instigare públicamente a cometer un delito.
Fundamentos y apoyos
En los fundamentos, Ardohain sostuvo que la propuesta “no nace de una mera ambición técnica, sino de la necesidad urgente de reconocer que el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión”. También afirmó que el daño a un silobolsa o la destrucción de infraestructura tecnológica estratégica “se pretenden juzgar con herramientas del siglo pasado”. El texto fue acompañado por Pro, UCR, MID y un diputado de LLA.
El proyecto incorpora además un agravante para la instigación cometida a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales, con un aumento de un tercio de la pena. Si la comisión avanza con el dictamen, la discusión quedará habilitada para su eventual tratamiento en el recinto, en un contexto en el que el expediente ya acumula respaldo multipartidario en comisiones pero aún no tiene definición legislativa final.
