La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos presentados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner para frenar el trámite de decomiso de bienes en la causa Vialidad, expediente en el que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cumple una condena de seis años de prisión. La decisión permite que continúe la ejecución patrimonial orientada a recuperar cerca de $685.000 millones, aunque todavía quedan recursos pendientes ante la Corte Suprema.
El fallo fue unánime y llevó las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV. En la misma resolución, el tribunal también desestimó un planteo de Hotesur y Los Sauces, sociedades vinculadas a la familia Kirchner. El trámite patrimonial se apoya en la condena dictada en la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez.
El alcance del decomiso
El decomiso es una consecuencia patrimonial de la condena firme en la causa Vialidad, que examinó irregularidades en 51 licitaciones de obras viales adjudicadas a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. El monto actualizado que la Justicia busca recuperar asciende a $684.990.350.139,86, cifra que debe ser afrontada por los condenados alcanzados por la ejecución patrimonial. En esta etapa, el proceso abarca 111 bienes muebles e inmuebles, de los cuales 19 figuran a nombre de los hijos de la expresidenta.
La discusión sobre esos bienes se reactivó a partir de la cesión gratuita que Cristina Fernández de Kirchner hizo en 2016 a favor de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. La Justicia entendió que esa transferencia no impide avanzar sobre propiedades vinculadas con el patrimonio de la expresidenta durante el período investigado. En paralelo, el Tribunal Oral Federal N° 2 impulsa una segunda etapa de recuperación patrimonial, con un universo ampliado de activos bajo análisis.
Los planteos de la defensa
La defensa de los hermanos Kirchner, encabezada por Luis Joel Goldin, pidió suspender las actuaciones hasta que la Corte Suprema resolviera los recursos pendientes. Sostuvo que seguir adelante con medidas patrimoniales antes de esa definición podía afectar el derecho de propiedad, el debido proceso y las garantías de personas que no fueron condenadas. En el mismo sentido, Sebastián Sánchez, director de las empresas familiares, cuestionó el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles y afirmó que esas restricciones afectan la actividad comercial de las sociedades.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también reclamaron el decomiso de más de USD 5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, secuestrados en una caja de seguridad del Banco Galicia. A esa suma se agregan inmuebles y vehículos identificados por el Ministerio Público Fiscal. El reclamo fiscal forma parte de una segunda instancia de recuperación patrimonial que todavía depende de definiciones judiciales posteriores.
Qué resolvió Casación y qué sigue
La Cámara no hizo lugar a los pedidos de suspensión. Los jueces consideraron que la resolución cuestionada no era definitiva y que las defensas no demostraron un perjuicio concreto que no pudiera repararse más adelante. También señalaron que las cuestiones pendientes podrán debatirse cuando llegue el momento procesal correspondiente, por lo que el expediente mantiene su curso sin habilitar todavía un remate inmediato.
La diferencia entre embargo y decomiso resulta central en esta etapa. El embargo preserva los bienes mientras avanza el expediente, pero no modifica la titularidad ni anticipa una decisión final sobre su destino. En el caso de Hotesur y Los Sauces, el tribunal indicó que las sociedades podrán exponer sus argumentos cuando se trate formalmente el pedido fiscal. La definición que queda pendiente en la Corte Suprema condiciona el avance hacia eventuales subastas y la tasación final de los inmuebles.
