El conflicto por el financiamiento universitario sumó este viernes una audiencia judicial en la que participaron rectores de universidades y representantes del Gobierno nacional. La instancia fue convocada por el juez de 1° instancia Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal, Martín Cormick, con el objetivo de intentar destrabar la विवादa por la aplicación de la Ley 27.795.
La intervención judicial se produjo después de que, en junio, la Corte Suprema dejara firme la cautelar que obliga a la Nación a aplicar dos artículos de esa norma. Esos puntos habilitan la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles, según quedó planteado en el expediente. La audiencia se realizó a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que contó con la conformidad del Gobierno nacional.
Partes presentes En la reunión participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El magistrado no dictó una decisión de fondo sobre el conflicto y se limitó a recibir las posiciones de cada sector. Ese intercambio quedó asentado en un acta firmada por los presentes.
Antecedentes normativos El conflicto se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. La norma había sido vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras tras un respaldo legislativo y movilizaciones universitarias. Entre sus previsiones figuran actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, entre ellos Progresar.
Estado del caso Ante la demora en el cumplimiento, el CIN y gremios docentes presentaron un amparo colectivo que llegó hasta la Corte Suprema. La decisión del máximo tribunal se conoció semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar en un 24,33% los salarios, en un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. La cautelar sobre salarios y becas sigue vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia de fondo.
Próximos pasos Por el momento, la audiencia no resolvió el conflicto y solo dejó constancia de los planteos de ambas partes. La definición de fondo quedó en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que debe continuar el trámite del expediente. Hasta entonces, la aplicación de los dos artículos alcanzados por la cautelar permanece como la variable central del caso.
