La Argentina presentó este martes sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, y pidió medidas provisionales para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos del Reino Unido en el área marítima de las Islas Malvinas. El planteo se realizó en el marco de un arbitraje internacional y busca frenar el desarrollo del proyecto mientras se sustancia la controversia. La delegación nacional sostuvo que una decisión posterior no podría revertir los efectos de una explotación ya iniciada.
Pedido de medidas Durante la primera jornada de audiencias, la representación argentina expuso los fundamentos jurídicos de su reclamo y advirtió sobre la urgencia de actuar para evitar daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino. Según la posición oficial, el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía sigue en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas. El eje central de la presentación fue el proyecto Sea Lion, que contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas.
Antecedentes diplomáticos La Argentina recordó que desde 1965 las Naciones Unidas reconocen la controversia de soberanía y exhortan a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas. En ese marco, la delegación citó la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso recomendado por el organismo internacional. La posición argentina sostiene que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, al mismo tiempo, avanzar sobre la explotación de los recursos naturales del territorio en disputa.
Riesgo ambiental El segundo eje de la exposición estuvo centrado en el carácter irreversible de los daños que podría provocar la explotación y en la necesidad de detener el proyecto antes de que genere un hecho consumado. Mario Oyarzábal afirmó durante su intervención: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”. La delegación también señaló riesgos ambientales asociados a la iniciativa y dijo que el propio plan de contingencia de una de las compañías involucradas contempla la posibilidad de que un eventual derrame llegue a aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Delegaciones y cronograma La representación argentina está encabezada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el tribunal; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente. La defensa jurídica está a cargo de Marcelo Kohen y Nico Schrijver, con el asesor jurídico Agustín Giustiniani; también viajaron funcionarios de distintas áreas del Estado, entre ellos Juan Ignacio Stampalija y Santiago Castro Videla. Por el lado británico participan Sally Langrish, Paul McKell, Ellie Reeves, Simon Young y Jack Ford. Las audiencias continúan este martes con la exposición británica, prevista entre las 11 y las 14 hora argentina, y este miércoles 11 habrá una segunda ronda con intervenciones de ambos países.
