La tensión entre dos familias de Chimbas sumó este nuevo episodio en un ámbito especialmente sensible: el Palacio de Tribunales. Allí, Leonardo Fabio Algañaraz y Carlos Maximiliano Páez protagonizaron un cruce que obligó a la intervención de la seguridad interna para evitar que la situación pasara a mayores.
El encuentro se produjo mientras ambos realizaban distintas diligencias vinculadas con las causas surgidas a partir de la disputa. Según la información judicial, el intercambio de insultos y provocaciones elevó rápidamente la tensión y dejó al borde de una agresión física a los dos hombres.
La escena no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una conflictividad que ya derivó en varias investigaciones y condenas. El enfrentamiento entre ambas familias viene acumulando episodios graves que reflejan una escalada sostenida y que, lejos de cerrarse, continúa trasladándose a distintos ámbitos.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 9 de julio, cuando el remisero Alejandro Ismael Rodríguez Marcoletta fue atacado a tiros. Por ese episodio, integrantes de la familia Páez fueron llevados ante la Justicia y recibieron condenas.
Más tarde, la vivienda de los Páez fue atacada. Para los investigadores, ese hecho habría sido una represalia directa por el ataque al remisero. En esa causa aparece Algañaraz, acusado de haber participado en la agresión contra la propiedad familiar, junto con Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta y Alexis Ezequiel Castro.
La hipótesis fiscal sostiene que un grupo se dirigió hasta la vivienda y allí se produjo una secuencia de disparos, destrozos, amenazas e incendio. Ese cuadro da cuenta del nivel de deterioro del conflicto y explica por qué cada nuevo episodio genera preocupación en el ámbito judicial.
En la causa por el ataque al remisero, Carlos Maximiliano Páez fue condenado, al igual que uno de sus hijos. Otro integrante de la familia continúa detenido por ese mismo expediente tras haber sido localizado recientemente.
El cruce registrado en Tribunales volvió a poner en evidencia que la disputa sigue activa y que sus protagonistas continúan vinculados a expedientes judiciales de alta gravedad. Mientras las investigaciones avanzan, el conflicto mantiene abiertas sus consecuencias penales y expone la persistencia de una violencia que no logró ser contenida fuera ni dentro del edificio judicial.
