La Justicia de San Juan redujo de 12 a 10 meses la prisión preventiva de los cuatro hombres detenidos por el crimen de Ángela “Lita” Álvarez, hallada sin vida en su casa del barrio Alberdi, en Santa Lucía.
La resolución fue dictada por la jueza de Garantías Ana Lía Larrea, quien hizo lugar de manera parcial al planteo presentado por el defensor oficial Hugo Trigo. Pese a la reducción del plazo, la magistrada mantuvo la privación de libertad de los imputados mientras continúa la investigación por el delito de robo seguido de muerte.
La situación procesal
Los acusados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera. Todos seguirán detenidos bajo la misma calificación legal, prevista en el artículo 165 del Código Penal, que contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión. La defensa había cuestionado el plazo inicial de la medida cautelar mediante un recurso de impugnación.
Cómo cambió la hipótesis
La causa comenzó investigándose como un robo en la vivienda de Álvarez. Sin embargo, el avance de las pericias modificó ese encuadre inicial cuando se determinó que la jubilada había sufrido una muerte violenta. En un primer momento, el avanzado estado de descomposición del cuerpo había dificultado establecer la causa del fallecimiento.
Posteriormente, los estudios histopatológicos establecieron que Álvarez murió por una asfixia por sofocación, es decir, una obstrucción de las vías respiratorias que impide la entrada de aire. A partir de ese resultado, la Fiscalía cambió la calificación del expediente y imputó a los cuatro detenidos como coautores de robo seguido de muerte.
El hecho investigado
Según la acusación, el robo habría ocurrido entre el 23 y el 27 de julio. En ese lapso, un grupo de personas habría ingresado en distintas oportunidades a la vivienda y sustraído electrodomésticos, muebles y ropa de cama. El caso salió a la luz cuando un vecino vio a dos personas intentar llevar una heladera en un carro enganchado a una bicicleta.
Ese vecino logró reducir a Pozo y dio aviso a la Policía. Cuando efectivos de la Comisaría 5ta llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de la jubilada junto a su cama. Desde entonces, la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez.
Próximos pasos
Con la preventiva fijada ahora en 10 meses, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar el grado de participación que habría tenido cada imputado tanto en el robo como en la muerte de Álvarez. La medida cautelar seguirá vigente mientras avance esa etapa de la investigación penal.
