Un sanjuanino quedó con prisión preventiva tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija durante más de una década. La imputación es por abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo, en una causa que investiga hechos que habrían comenzado cuando la joven tenía 11 años.
En la audiencia de formalización, la jueza de Garantías Mabel Moya dispuso la medida de coerción por 3 meses y ordenó el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial, en el penal de Chimbas. Además, fijó un plazo de 8 meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la etapa en la que se reúnen las pruebas antes del juicio.
El caso se conoció el 12 de noviembre, cuando una discusión familiar derivó en una golpiza contra el acusado. Según trascendió de fuentes judiciales, un grupo de familiares fue a increparlo en respaldo de la joven denunciante. Ese mismo día, la víctima, hoy de 23 años, radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de Instrucción especializada en violencia de género (UFI CAVIG), y el hombre fue detenido al día siguiente.
De acuerdo con el relato incorporado a la causa, los abusos habrían comenzado cuando ella tenía 11 años y se habrían repetido durante ese período. La joven sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en que quedaban solos en la casa, sin la presencia de su madre, aunque también habrían ocurrido episodios en la vía pública. La investigación también señala que uno de los hermanos de la víctima habría sido testigo presencial de los hechos.
Medidas y prueba pendiente La ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, pidió que el acusado permanezca detenido. Según expuso, la causa prevé una pena de entre 8 y 20 años de cumplimiento efectivo, todavía faltan testimonios de otros integrantes de la familia y existirían amenazas contra ellos. La defensa, a cargo del abogado Giménez Puchol, solicitó que la prisión preventiva se cumpliera en los calabozos de una comisaría, pero la jueza Moya rechazó ese planteo.
Próximos pasos Con la preventiva ya ordenada, la investigación continuará durante los próximos 8 meses fijados por el tribunal. En ese período deberán producirse las declaraciones pendientes y demás medidas de prueba antes de que la causa avance a la siguiente etapa procesal.




