El juicio contra Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, tendrá este martes 17 de noviembre una declaración central: la de la cantante, citada a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11. El acusado enfrenta siete imputaciones vinculadas con presuntos episodios de violencia de género ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025. Fernández declarará como testigo y no se constituyó como querellante en la causa.
El debate comenzó el 3 de noviembre y García Gómez permanece detenido en la cárcel de Ezeiza. En sus declaraciones anteriores, negó las acusaciones. Uno de los ejes del expediente es el concepto de “entrampamiento vincular”, utilizado por la fiscalía para describir una dinámica de dependencia emocional, control y manipulación que habría atravesado la relación. La causa avanzó a juicio pese a que la cantante manifestó en distintas oportunidades que no quería denunciar a su expareja, entre otros motivos, “para no perjudicarlo”.
Qué significa el concepto
Para explicar ese fenómeno, la psicóloga Daniela Gasparini, especialista en género, violencia y trata de personas de la Universidad de Buenos Aires, señaló que la violencia sostenida puede modificar la manera en que una mujer percibe y reconoce lo que está viviendo. “Cuando una mujer vive violencia de manera sostenida, lo primero que se rompe es la posibilidad de nombrarla. La violencia se naturaliza: se vuelve parte de lo cotidiano y se confunde con el amor, los celos o el ‘carácter’ del otro”, explicó. También indicó que la manipulación emocional y el aislamiento del entorno pueden debilitar la autonomía y dificultar que la víctima identifique situaciones de maltrato.
En el expediente de Fernández aparece una entrevista realizada por profesionales de la Línea 137 después de la detención de García Gómez, el 23 de octubre de 2025. En esa oportunidad, la cantante reconoció episodios anteriores de violencia, aunque negó estar siendo agredida en ese momento. “Para mí, mi única familia es él. Él me niega con sus hijas y con su familia, pero igual lo quiero mucho y quiero estar con él”, expresó. A partir de esa entrevista, los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica advirtieron indicios de “una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia” y describieron un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”, con riesgo alto.
La valoración de la víctima y el impacto del trauma
En noviembre de 2025, durante una entrevista televisiva, Fernández dijo: “No me siento víctima, me siento responsable”. Gasparini explicó que la culpa es una emoción frecuente en mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y que, en relaciones marcadas por la desigualdad, la manipulación puede llevar a que la persona se atribuya la responsabilidad por las agresiones recibidas. “No es raro que justifique al agresor, que se sienta culpable o que se retracte, porque el vínculo violento la fue convenciendo de que ella provocó lo que le pasó”, sostuvo. La especialista agregó que la violencia sostenida puede generar disociación, un mecanismo de defensa que permite desconectarse emocionalmente de experiencias dolorosas y que puede incidir en la reconstrucción judicial de los hechos.
Según Gasparini, cuando una víctima llega a la Justicia, muchas veces su relato aparece desordenado, con lagunas o contradicciones, y eso no implica que mienta. “Así funciona la psiquis atravesada por el trauma”, afirmó. Por ese motivo, consideró fundamental que el sistema judicial escuche a las víctimas sin revictimizarlas y comprenda los efectos del trauma al evaluar sus testimonios. En este caso, la declaración de Fernández y el resto de las pruebas incorporadas al debate quedarán ahora bajo análisis del tribunal, que deberá determinar la responsabilidad penal del acusado.
La acusación y los antecedentes
La fiscalía atribuye a García Gómez siete hechos delictivos ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025: dos episodios de lesiones leves agravadas, dos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres de amenazas coactivas. Entre los hechos incluidos figura una amenaza enviada en marzo de 2024 a una amiga de Fernández para impedir que interviniera en la relación. En los mensajes atribuidos al acusado aparece la frase: “Gorda, te voy a volar la cabeza”. Otro episodio habría ocurrido el 19 de enero de 2025, después de una discusión por celos y una revisión del teléfono de la cantante; según la acusación, García Gómez la tomó del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, un brazo y el cuello.
La acusación sostiene además que entre el 1° y el 2 de octubre volvió a agredirla, le dio patadas en las costillas y la dejó encerrada en su departamento, sin llaves ni cargador de teléfono. También se le atribuyen dos amenazas coactivas contra una mujer cercana a Fernández, ocurridas el 6 y el 17 de octubre de 2025. El último hecho investigado corresponde al período comprendido entre el 17 y el 23 de octubre; según la fiscalía, durante esos días la cantante habría permanecido privada de su libertad mediante intimidación y coacción. García Gómez rechazó las imputaciones y sostuvo que las lesiones de octubre se produjeron por una caída de Fernández.
El expediente también reconstruye una causa anterior, iniciada por un episodio ocurrido el 24 de noviembre de 2022. En aquella oportunidad, Fernández denunció a García Gómez, se presentó como querellante y adhirió a la acusación fiscal. Sin embargo, la querella y la defensa alcanzaron luego un acuerdo para finalizar el proceso, y la cantante manifestó que no quería continuar con el juicio por las consecuencias que una eventual condena podía tener para su expareja. El 4 de junio de 2024, la fiscalía desistió de la acción penal y García Gómez fue sobreseído. En la investigación actual, la fiscal Silvana Russi interpretó la reticencia de Fernández a denunciar dentro del contexto de violencia descripto por el expediente y consideró necesario impulsar la causa de oficio, conforme al artículo 72 del Código Penal.




