La jueza Mabel Moya dictó prisión preventiva para los cinco policías imputados por la muerte de Franco Jara, ocurrida este fin de semana en Albardón. La resolución no acogió el plazo pedido por la fiscalía y dispuso medidas diferenciadas según cada acusado. Cuatro efectivos cumplirán cuatro meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas, mientras que el oficial Cabrá permanecerá detenido durante tres meses.
Los imputados son Arnaldo Zalazar, Juan Recio, Nicolás Godoy y Eduardo Juan Zamora, cabos, además del oficial subinspector Emiliano Cabrá. A los cuatro primeros se les atribuyen los delitos de allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de los deberes de funcionario público y homicidio agravado por la condición funcional del autor. Esa calificación legal contempla una pena que podría derivar en prisión perpetua.
Calificación penal
En el caso de Cabrá, la imputación incluye falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de domicilio y allanamiento sin orden judicial. La fiscalía sostuvo que durante el procedimiento policial del sábado habría armado una contravención e hizo aparecer un cuchillo, que un vecino afirmó que fue sacado de su casa mediando violencia. La Investigación Penal Preparatoria tiene un plazo de un año, mientras avanza la recolección de prueba.
La versión fiscal
Según expuso el fiscal Gómez, los cinco policías actuaron con los rostros tapados y sin identificación. También señaló que resultó difícil individualizar qué hizo cada uno durante el operativo. En su presentación, afirmó que los cuatro imputados por homicidio golpearon a Jara y que esa agresión provocó la muerte. Agregó que desde el lugar de los hechos la víctima empezó a manifestar que le faltaba el aire.
Elementos de prueba
El fiscal también mencionó filmaciones de la comisaría, en las que se vería a Jara bajar del móvil tambaleando y asistido por policías. Con ese cuadro, sostuvo que los cuatro efectivos tuvieron participación en el delito que se investiga. La causa sigue en etapa de investigación y, por el plazo fijado para la preventiva, los próximos meses estarán marcados por la producción de prueba y eventuales nuevas definiciones judiciales.




