Gustavo Alfaro, integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) e investigado por un presunto abuso sexual contra un interno, recuperó la libertad este viernes. La decisión se tomó en una audiencia en la que se discutió si correspondía renovar la prisión preventiva que cumplía desde fines de agosto.
El juez de garantías Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió no extender la medida y dispuso que el acusado continúe el proceso con restricciones, pero en libertad. La ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Gema Cabrera, había pedido que la prisión preventiva siguiera vigente.
La defensa, a cargo de Mario Padilla, sostuvo que la investigación ya había reunido la mayor parte de los testimonios previstos y que no existían razones para mantener detenido a Alfaro. También planteó que su liberación no implicaba riesgo de interferencia sobre la causa.
Antecedentes de la denuncia La causa se inició por una denuncia presentada en febrero de este año. Según la acusación, el 19 de febrero, cerca de las 20:50, un interno del Penal de Chimbas regresaba de una salida transitoria cuando, durante una requisa, se habría sospechado que llevaba un objeto extraño en el cuerpo.
De acuerdo con la denuncia, Alfaro —que cumplía funciones como jefe de turno— habría revisado al interno introduciéndole los dedos en la zona anal, lo que le provocó lesiones y sangrado. El recluso fue trasladado a un hospital, donde los médicos confirmaron que no tenía ningún objeto en el cuerpo. La madre del interno hizo la denuncia formal el 20 de febrero, después de escuchar el relato de su hijo.
Imputación y medidas A fines de agosto, la Justicia imputó formalmente a Alfaro y ordenó su detención por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones. En esa audiencia, la Fiscalía advirtió sobre riesgo de fuga y la posibilidad de que el acusado influyera sobre testigos que trabajan o están alojados en el mismo penal.
La medida de coerción dictada entonces fue de dos meses, plazo que se discutió este viernes y que finalmente no fue renovado. La causa continúa en trámite y el expediente seguirá con las restricciones impuestas por el tribunal, mientras la investigación define los pasos procesales restantes.
