La Jefatura de Policía de San Juan dispuso el traslado de cuatro efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste, entre ellos su jefe, mientras avanza la investigación por un presunto allanamiento ilegal y la sustracción de $6.000.000 en una vivienda de Ullum, según fuentes policiales y judiciales consultadas. La medida se dio a conocer este viernes 13 de noviembre, después de que trascendiera el caso, que involucra, al menos, a tres efectivos de esa división, con sede en La Bebida, departamento Rivadavia.
El memorándum oficial
Los traslados fueron formalizados mediante el Memorándum N.º 63/2026, elaborado por la Dirección de Personal D-1 y dispuesto por el jefe de Policía, comisario general (R) Néstor Álvarez. El documento tiene fecha del 9 de noviembre, aunque recién trascendió esta semana. Según las mismas fuentes, los traslados son también consecuencia de un sumario administrativo iniciado en la Subsecretaría de Control de Gestión de la institución policial.
Los destinos de cada efectivo
El memorándum dispuso el pase del subcomisario Héctor Andrés Ríos, hasta la semana pasada jefe de la Brigada de Investigaciones Oeste, a la Comisaría 4.ª de Desamparados. También ordenó el traslado del oficial subinspector Gerardo Ortiz a la Comisaría 7.ª de Pocito, del oficial ayudante César Gil Noriega a la División Comando Radioeléctrico Oeste, y del cabo primero Francisco Infante a la Comisaría 18.ª de Albardón, de acuerdo con fuentes policiales. En su lugar, la Jefatura designó al oficial principal Juan Moyano como nuevo responsable de la brigada.
El estado de la causa
La investigación apunta principalmente a tres de los policías trasladados, aunque también alcanza al entonces jefe de la unidad por su responsabilidad sobre la dependencia. La causa penal todavía no fue formalizada, pero el fiscal Iván Grassi, a cargo de la UFI Delitos Especiales, ya ordenó un allanamiento en la sede policial de la Brigada Oeste, donde se secuestraron documentación y los teléfonos celulares de los efectivos investigados.
Cómo se originó el caso
El hecho se inició el lunes 2 de noviembre, a media mañana, cuando un vecino de Ullum denunció que tres hombres armados y vestidos de civil ingresaron a su domicilio, ubicado sobre la ruta 60, con el argumento de que buscaban armas de fuego. Según su relato, los sujetos se identificaron como policías pero no exhibieron orden de allanamiento ni credencial alguna, y revisaron distintos ambientes de la vivienda. Al retirarse, el denunciante advirtió la sustracción de $6.000.000 que guardaba en un mueble, monto que surge de su propia denuncia.
La prueba que cambió el rumbo
El denunciante y un familiar que vive frente a la vivienda aportaron los datos que resultaron determinantes para la pesquisa: el primero anotó la patente del automóvil gris en el que escaparon los sospechosos, mientras que el segundo identificó el modelo como un Renault Logan. Al cotejar la matrícula, los investigadores determinaron que correspondía a un vehículo afectado a la Brigada de Investigaciones Oeste, lo que redirigió la sospecha desde posibles falsos policías hacia integrantes de esa dependencia. A ese dato se sumó el registro de una cámara de seguridad instalada en la vía pública, que capturó al Renault Logan cuando salía de la zona de Ullum, además de indicios de que algunos efectivos de la brigada habrían circulado por inmediaciones de Ullum y Zonda ese mismo día.
El trámite judicial
La denuncia fue radicada inicialmente en la Comisaría 15.ª y quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. Ante la sospecha de que los responsables podían ser integrantes de la fuerza provincial, el expediente pasó a manos del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, que ordenó el allanamiento en la sede de la Brigada Oeste y el secuestro del libro de guardia y los teléfonos celulares de los policías sospechados. Los cuatro trasladados son los efectivos que se encontraban de servicio en esa dependencia la mañana en que se conoció la denuncia.
Datos a seguir: la UFI Delitos Especiales continúa con la recolección de pruebas y, hasta el momento, no fijó fecha para eventuales imputaciones formales contra los efectivos investigados.
