La causa por la muerte de tres jóvenes por intoxicación con monóxido de carbono en un departamento alquilado de manera ilegal en Capital sumó un nuevo tramo judicial. La UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Atilio Yanardi, pidió formalizar una investigación contra José Oscar Muñoz, propietario del inmueble, y Teresa Elizabeth Scalise, por la presunta comisión del delito de insolvencia fraudulenta.
El planteo fue presentado este lunes y quedó a resolución del juez Alberto Caballero, el mismo magistrado que intervino en la causa original por las muertes. Tras escuchar a las partes, dispuso un cuarto intermedio y deberá definir este martes cómo continúa el proceso. La discusión se centra en si hubo maniobras patrimoniales para dificultar el cobro de una indemnización reconocida judicialmente a las familias de las víctimas.
Antecedentes del caso
El episodio se remonta a agosto de 2023, cuando Sasha, Yeni y una menor de 17 años fueron encontradas sin vida en un monoambiente que alquilaban temporalmente en Concepción. Según el expediente, las muertes se produjeron por inhalación de monóxido de carbono. Como antecedente judicial, el 10 de abril de 2024 Muñoz y Scalise fueron condenados mediante juicio abreviado a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
Las operaciones bajo análisis
De acuerdo con la hipótesis fiscal, mientras tramitaba el reclamo de resarcimiento económico, los investigados habrían concretado dos operaciones inmobiliarias que podrían haber afectado la posibilidad de cobrar la deuda. La primera fue una venta realizada el 16 de abril de 2025 por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora. La segunda ocurrió el 23 de junio de ese mismo año, cuando transfirieron mediante una donación a sus hijos una propiedad ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Para la acusación, esos movimientos patrimoniales podrían haber tenido como objetivo impedir o dificultar el cobro de la indemnización reconocida judicialmente. La conducta fue encuadrada provisoriamente como insolvencia fraudulenta, figura prevista en el artículo 179, segundo párrafo, en función del artículo 45 del Código Penal. En el expediente interviene el abogado querellante Eduardo Sait, en representación de Otárola, mientras que la defensa de los investigados está a cargo de Andrés Bertagna.
La responsabilidad penal de Muñoz y Scalise por este nuevo hecho deberá definirse durante el proceso. Este martes, el juez Caballero deberá resolver si hace lugar a la formalización pedida por la Fiscalía y bajo qué alcance continuará la investigación, en un expediente que mantiene abierta la discusión sobre el eventual destino de los bienes vinculados a la condena civil y penal previa.
