La investigación federal por venta de cocaína en Pocito derivó en la detención de T.S.D., de 29 años, y de Ivana Marcela Díaz, de 49 años, luego de que la fiscalía sostuviera que una niña de 12 años era obligada a atender el punto de venta. El caso fue descubierto el 25 de septiembre durante un allanamiento en un domicilio de las inmediaciones de Olmos y Rodríguez, aunque la vigilancia sobre la vivienda había comenzado en junio. La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien dispuso el procedimiento.
Según la reconstrucción de los investigadores de la Policía Federal, en la casa funcionaba un “kiosco de droga”, expresión usada en la causa para referirse a un punto de expendio minorista de estupefacientes. La pesquisa incluyó filmaciones y la constatación de un policía encubierto, quien habría oído a la niña decir: “Estoy atendiendo yo, ahora”. Ese elemento fue incorporado como prueba para sostener que el lugar operaba con venta de dosis al menudeo. En el allanamiento se secuestraron 78 dosis de cocaína listas para la comercialización y una cantidad importante de dinero en efectivo.
Imputaciones y antecedentes
Las dos mujeres quedaron imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la utilización de una menor de edad. De acuerdo con fuentes judiciales, T.S.D. cumple una condena dictada en 2024 a 2 años de cumplimiento condicional por tenencia simple de estupefacientes, mientras que Ivana Díaz cumple prisión domiciliaria por una causa de 2025 vinculada con participación secundaria en la comercialización de estupefacientes. La situación procesal de ambas quedó condicionada por esas referencias previas, que fueron tenidas en cuenta por los investigadores al describir el cuadro de reincidencia.
Medidas sobre los niños
Tras la detención inicial, la niña de 12 años y sus dos hermanos menores quedaron bajo resguardo del personal de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Luego, por pedido del Ministerio Público Fiscal, la menor y su hermano de 11 años fueron retirados de la vivienda de Pocito y pasaron al cuidado de una tía. La intervención se mantuvo bajo supervisión del 102, mientras se definía la situación familiar y judicial de los adultos involucrados.
En el plano procesal, el fiscal Francisco Maldonado pidió prisión preventiva para T.S.D. y el juez Leopoldo Rago Gallo la envió al penal de Chimbas. Sin embargo, el abogado defensor Alejandro Castán impugnó la medida y argumentó que la imputada tenía hijos pequeños. Un juez mendocino hizo lugar al planteo y le otorgó detención domiciliaria, medida que también alcanzó a Ivana Díaz por tener una hija con discapacidad que requiere atención especial. La causa sigue abierta y, según las fuentes judiciales citadas, las imputadas podrían recibir una pena de entre 6 y 20 años de prisión si fueran declaradas culpables.
El expediente quedó ahora en etapa de avance probatorio, con el material secuestrado, las filmaciones y los antecedentes de las imputadas como ejes centrales de la acusación. La definición de las responsabilidades penales dependerá de la evolución de la investigación y de la valoración judicial de esas pruebas. Mientras tanto, los niños continúan bajo seguimiento de los organismos de protección y la causa permanece bajo jurisdicción federal.
