La causa por las presuntas estafas inmobiliarias vinculadas con los barrios Vistas I, Vistas II y Acacias ingresó en una instancia clave, con consecuencias procesales muy distintas para sus principales imputados. El expediente, que acumula un perjuicio económico estimado en más de $2.700 millones y más de 600 denuncias, expone hoy dos escenarios opuestos: uno orientado a la reparación y otro atravesado por nuevas irregularidades.
En el caso de Juan Mauricio Gallerano, la Justicia resolvió otorgarle una prórroga de tres meses para completar el acuerdo destinado a resarcir a los damnificados. Según consta en la causa, el cumplimiento de ese compromiso ya alcanza cerca del 98%, un nivel de avance que lo deja muy cerca de una eventual desvinculación definitiva del proceso.
La defensa de Gallerano, a cargo del abogado Franco Montes, había pedido extender el plazo ante el vencimiento inminente del período original. El juez de Garantías hizo lugar al planteo, valoró el grado de cumplimiento alcanzado y abrió una última ventana para que el empresario complete las obligaciones pendientes.
Si logra cerrar el tramo restante de la reparación, su situación podría derivar en el sobreseimiento dentro de la megacausa. En términos judiciales, se trata de un avance significativo que modifica de manera sustancial su horizonte procesal.
Muy distinto es el panorama de Héctor Storniolo, quien volvió a quedar en prisión preventiva después de que la Fiscalía cuestionara la salida alternativa que había presentado para intentar recuperar la libertad. La propuesta contemplaba finalizar determinadas obras en un plazo de 90 días, pero quedó bajo sospecha por la documentación aportada para respaldarla.
En ese marco, fueron incorporados informes atribuidos al arquitecto Pablo Navarro. Sin embargo, cuando fue citado por la Justicia, el profesional negó haber elaborado esos documentos, pese a que la firma que figuraba en ellos le correspondía. Esa contradicción terminó debilitando la presentación y abrió un nuevo frente judicial para Storniolo.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado en esta etapa por el fiscal Eduardo Gallastegui, objetó la validez de la propuesta. Finalmente, el juez Fernández Caussi dispuso su regreso al establecimiento penitenciario, poniendo fin al período de libertad que mantenía desde noviembre de 2025. La defensa intentó revertir esa decisión, aunque el planteo no prosperó.
A las complicaciones procesales se suma un cuadro patrimonial adverso. Informes elaborados a partir de registros del Banco Central de la República Argentina dan cuenta de 408 cheques rechazados por más de $268 millones, asociados a cuentas vinculadas con personas jurídicas. Además, el empresario aparece en una categoría considerada de alto riesgo de insolvencia.
La situación también alcanza a su esposa y coimputada, Patricia Nacif, cuyos antecedentes crediticios incluyen obligaciones calificadas como irrecuperables. Ese dato refuerza el deterioro financiero que rodea al caso y complica cualquier intento de salida negociada.
La evolución de ambos imputados muestra cómo, dentro de una misma investigación, el cumplimiento efectivo de las reparaciones puede acercar una salida judicial favorable, mientras que las inconsistencias documentales y la fragilidad patrimonial pueden profundizar las consecuencias penales. En esa tensión se mueve hoy una de las causas más voluminosas de la agenda judicial local.
