Un terreno de una hectárea y media en Rawson, con 156 propietarios, quedó en el centro de una nueva denuncia penal que apunta a dos empresas sanjuaninas, una condómina y sus abogados. Los denunciantes sostienen que el conflicto, que se arrastra desde hace casi dos décadas, incluyó ocupaciones, destrucción de obras y presentaciones judiciales con firmas presuntamente falsificadas. La presentación quedó radicada en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que deberá evaluar si existen elementos para avanzar en la investigación.
La denuncia menciona a Transportes Becher, que opera comercialmente como Transportes Becher Logística a través de Del Rosario S.A., y a Valdivieso Group. También señala a la propietaria Martha Susana Cabaña y a los abogados Sonia Graciela Díaz y David Carrizo. Entre las figuras penales invocadas por los propietarios aparecen asociación ilícita, estafa, usurpación y daños, además de cuestionamientos por actuaciones judiciales que, según la presentación, habrían involucrado a la ingeniera Zulma Ledesma. Se trata de acusaciones que deberán ser corroboradas por la fiscalía, ya que por ahora corresponden a la versión de los denunciantes.
Origen del conflicto Para entender el caso hay que retroceder a la década de 1990. Los actuales propietarios fueron damnificados por una estafa vinculada a la desaparecida firma Cóndor Propiedades y, como resarcimiento, recibieron el terreno ubicado sobre calle General Acha. Ese inmueble quedó en condominio entre 156 personas y, con el tiempo, se impulsó un proyecto de urbanización que preveía 46 lotes, apertura de calles, provisión de agua potable y otras obras de infraestructura. La iniciativa buscaba ordenar la propiedad y evitar un remate judicial, pero no logró consenso entre todos los condóminos.
Según la presentación, Martha Susana Cabaña se opuso a la modalidad de división y pretendía recibir un lote completo en lugar de participar de la distribución prevista para el conjunto. Esa diferencia derivó en un nuevo frente judicial que, de acuerdo con los denunciantes, condicionó el desarrollo del proyecto. En ese marco, sostienen que el conflicto fue escalando hasta comprometer obras ya ejecutadas y la administración del predio.
Firmas cuestionadas Uno de los antecedentes centrales se remonta al 22 de julio de 2022, cuando Zulma Ledesma y otros copropietarios denunciaron la presunta utilización de firmas falsas en escritos presentados ante la Justicia en nombre de Cabaña. La sospecha alcanzó a Sonia Graciela Díaz y a Gerardo Carrizo Díaz, hijo de la profesional. Según los denunciantes, al menos seis firmas incluidas en tres presentaciones judiciales no habrían sido realizadas por la condómina, sino por la abogada. La acusación se apoyó en un informe de un perito calígrafo, destinado a determinar la autenticidad de las rúbricas y la eventual existencia de una estafa procesal.
En la nueva presentación, los propietarios afirman que dos pericias concluyeron que las firmas eran falsas: una realizada por el perito de parte Roberto Díaz y otra ordenada por la fiscalía, a cargo del perito Corzo. También sostienen que en octubre de 2022 el juez Rollán anuló los escritos cuestionados. Más tarde, el fiscal José Plaza dispuso el sobreseimiento de los abogados por prescripción, es decir, por considerar vencido el plazo legal para perseguir esos hechos. Los denunciantes señalan que esa resolución fue apelada y luego revocada, y que ahora esperan una nueva pericia de Gendarmería sobre las firmas.
Ocupaciones y daños El planteo judicial también incorpora presuntas ocupaciones de sectores del inmueble por parte de las dos empresas denunciadas. En el caso de Del Rosario S.A., los propietarios aseguran que durante 2023 ingresaron camiones al terreno y se realizaron movimientos que borraron límites y cunetas, con daños sobre parte de la infraestructura del loteo. Respecto de Valdivieso Group, la presentación sostiene que durante 2026 habría ocupado otro sector del predio y abierto, mediante la instalación de un portón, una salida hacia la Ruta 40 que atravesaría dos propiedades pertenecientes a Del Rosario S.A.
Los denunciantes interpretan que ambas empresas habrían avanzado sobre sectores superpuestos del inmueble y consideran esa situación como un posible indicio de coordinación. Como respaldo, presentaron planos del loteo, documentación de las obras realizadas, actas notariales, informes de dominio, cartas documento y un esquema con las superficies que consideran ocupadas irregularmente. También estiman que los daños habrían afectado al 80% de la urbanización ya ejecutada.
Lo que viene La nueva denuncia plantea que los episodios judiciales y los movimientos de las empresas no serían hechos aislados, sino partes de una misma estrategia que, según la interpretación de los propietarios, se habría extendido durante 18 años, desde 2008 hasta la actualidad. La fiscalía deberá analizar la documentación aportada y definir si existen elementos suficientes para avanzar sobre las responsabilidades penales denunciadas. Mientras tanto, el conflicto por la propiedad de calle General Acha sigue sin una resolución definitiva y con un expediente que conserva impacto patrimonial para los condóminos involucrados.
