El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata condenó a una aseguradora a pagar el valor actualizado de un Volkswagen Vento 2.0L GLI robado y otros $8 millones por daños, tras rechazar la hipótesis de fraude que la empresa había planteado contra el asegurado. La sentencia se dictó en un caso que comenzó el 13 de mayo de 2024, cuando un hombre de 47 años denunció que le sustrajeron el vehículo en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Según la presentación judicial, el hombre circulaba por una calle cuando fue interceptado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió armado, lo obligó a bajar del automóvil y escapó junto con su cómplice en el rodado. El denunciante hizo la presentación policial y al día siguiente notificó el siniestro a su compañía, junto con la documentación para tramitar la cobertura por robo total.
La discusión con el seguro
La aseguradora reconoció que la póliza estaba vigente al momento del hecho y que contemplaba una cobertura de $28,82 millones. Sin embargo, en agosto de 2024 rechazó el pago e invocó inconsistencias en el relato del asegurado y la falta de documentación complementaria que había requerido durante su investigación interna. Entre los elementos pedidos figuraban una declaración ampliatoria, datos de personas mencionadas en el expediente, comprobantes de infracciones de tránsito, registros de Telepase y una copia completa de la causa penal.
La empresa sostuvo que esa supuesta falta de colaboración justificaba negar la indemnización y llegó a plantear que la denuncia podía ser falsa. El asegurado, en cambio, afirmó que había cumplido con los requerimientos y llevó el conflicto a la Justicia. El expediente quedó así encuadrado dentro de una relación de consumo, con las obligaciones específicas que pesan sobre las compañías frente a sus clientes.
Qué valoró la jueza
Al analizar la prueba, la magistrada entendió que la sustracción del vehículo estaba acreditada por la investigación penal iniciada tras el asalto, incluso con un pedido de secuestro del automóvil. También concluyó que la aseguradora no logró demostrar que el cliente hubiera montado una maniobra dolosa para obtener una indemnización indebida. En ese punto, consideró insuficiente el informe de la consultora contratada por la compañía para sostener una acusación de fraude.
La sentencia remarcó que, para rechazar una cobertura por ese motivo, la empresa debía probar de manera contundente que existió intención de engañar y obtener un beneficio económico indebido. Por eso, ordenó que la aseguradora no se limite a abonar los $28,82 millones previstos en la cobertura original, sino que pague el valor actualizado del vehículo al momento del cumplimiento efectivo. Si el modelo ya no se comercializa, deberá tomarse como referencia uno de características similares.
Montos y plazos
A la indemnización por el auto se sumarán $3 millones por daño moral y $5 millones por daño punitivo, una sanción prevista en el marco de la relación de consumo por el incumplimiento de las obligaciones del proveedor. La jueza, en cambio, rechazó el reclamo por privación de uso porque el demandante no acreditó gastos concretos de transporte u otras erogaciones derivadas de quedarse sin el vehículo. Además, impuso las costas del proceso a la compañía.
La resolución fijó que el pago deberá concretarse dentro de los diez días una vez que la sentencia quede en condiciones de ejecución. El fallo dejó asentado que no alcanza con invocar un posible fraude para desconocer una cobertura: la aseguradora debe probarlo con evidencia suficiente. Ese criterio será el punto central para eventuales instancias posteriores, si la empresa decide recurrir la decisión.




