La causa por la muerte de Brisa Gallardo sumó una resolución de impacto procesal: un juez de Impugnación declaró la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del artículo del decreto reglamentario que fija la prioridad de paso en las avenidas. La decisión se dictó a partir de un planteo de la defensa de Arguello Medaguer, imputado en la investigación. El efecto inmediato es acotado al expediente, pero abre una discusión sobre la compatibilidad entre la normativa provincial y la Ley Nacional de Tránsito.
El abogado José Beltrán, defensor de Medaguer, confirmó la resolución en diálogo con Radio Mil20 y sostuvo que el fallo es relevante para unificar criterios judiciales en San Juan. Según explicó, el planteo apuntó al artículo 41, inciso D, del decreto reglamentario 250-R, de 2006, que asigna prioridad de paso a los vehículos que circulan por una avenida. La defensa entendió que esa regla contradice la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que la provincia adhirió mediante la Ley 528-R.
Marco normativo
Beltrán afirmó que la ley nacional establece como regla general la prioridad de paso para quien circula por la derecha. También cuestionó que el decreto provincial haya incorporado una excepción para las avenidas sin definir qué condiciones deben reunir esas arterias ni qué requisitos de señalización deben existir. En esa línea, sostuvo que una disposición reglamentaria no puede modificar lo establecido por una ley y que, si se pretendía fijar un régimen distinto, correspondía una reforma legislativa. El planteo había sido presentado en la audiencia de formalización, pero fue rechazado por la jueza de Garantías antes de llegar a Impugnación.
Alcance de la resolución
El juez de Impugnación hizo lugar de manera parcial al recurso y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo cuestionado solo para este caso concreto. No dispuso el sobreseimiento de Arguello Medaguer, que también había sido solicitado por la defensa. Beltrán señaló que el magistrado entendió que correspondía mantener abierta la investigación, aunque con la adecuación normativa planteada por la defensa. De ese modo, la causa seguirá en trámite y el Ministerio Público Fiscal deberá ajustar la imputación al régimen de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incorporada por la Ley 528-R.
Próximos pasos
El letrado también indicó que el juez rechazó un recurso de la querella que buscaba retirar la licencia de conducir de su defendido. Según explicó, ese planteo fue presentado fuera de término y por eso no fue admitido. En paralelo, la discusión de fondo seguirá centrada en determinar qué vehículo tenía prioridad de paso en el lugar del hecho. La defensa sostiene que debe aplicarse la regla general de la derecha prevista por la legislación nacional y no la excepción del decreto provincial referida a las avenidas.
Beltrán sostuvo que la resolución puede aportar mayor seguridad jurídica porque existían interpretaciones distintas sobre la aplicación de estas normas en los fueros civil y penal. La decisión alcanza únicamente a la causa por Brisa Gallardo y no cierra el expediente. Mientras tanto, la investigación penal continuará con la adecuación de la imputación y con el marco legal que el juez consideró vigente para el caso.




