La investigación por presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Calingasta quedó abierta tras una denuncia penal presentada por el intendente Sebastián Carbajal, que derivó en allanamientos de la UFI Delitos Especiales en oficinas comunales. Según el material reunido en la causa, un inspector municipal habría intervenido en el cobro de tributos y derivado pagos a su cuenta personal de Mercado Pago.
El caso tomó estado público a partir de un episodio concreto: un vecino se presentó en el municipio para alquilar un espacio público y montar un puesto ambulante comunitario. El canon por tres días de uso era de 100.000 pesos, y el trámite incluyó un comprobante oficial emitido en ventanilla. Sin embargo, al momento de abonar, el inspector le habría impedido pasar por la caja municipal y le exigió transferir el dinero a su billetera virtual personal.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, el contribuyente realizó la transferencia por 100.000 pesos y se retiró con la documentación en regla. La irregularidad quedó expuesta cuando llegó al predio para instalarse y advirtió que el espacio figuraba libre. Ante el reclamo, exhibió tanto el ticket impreso como el comprobante de la operación desde el celular.
Auditoría interna
Tras esa presentación, la comuna activó una auditoría informática interna. Según esa revisión, el inspector ingresaba el trámite al sistema para imprimir el comprobante oficial y luego lo daba de baja manualmente como “anulado”. Con ese procedimiento, la deuda desaparecía de los registros administrativos y el dinero no ingresaba a la recaudación municipal.
La pesquisa quedó ahora en manos del fiscal Iván Grassi, junto con los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, que avanzan sobre la documentación secuestrada en los allanamientos. En esta etapa, la acusación es una hipótesis de investigación y no una condena judicial. También permanece abierta la posibilidad de que existan otros damnificados y de que el mecanismo haya operado en más de un trámite.
Próximos pasos
La causa sigue su curso con el análisis de la documentación y de los registros informáticos obtenidos en la comuna. El eje de la investigación es determinar el alcance del presunto circuito de cobro irregular, cuántos pagos pudieron haber sido desviados y si hubo participación de otras personas en la operatoria.
