La causa por la muerte de Brisa Agustina Gallardo quedó atravesada por una resolución del Tribunal de Impugnación Penal de San Juan que dejó sin efecto, para este caso, una disposición provincial sobre prioridad de paso. Los jueces consideraron inconstitucional e inaplicable el artículo 41, inciso d), del Decreto Provincial 250-R/2006, que otorgaba prioridad a los vehículos que circulaban por una avenida frente a quienes la cruzaban. La decisión modifica el marco jurídico con el que se venía analizando el siniestro vial y obliga a revisar el encuadre de la acusación.
El pronunciamiento se apoyó en que la Provincia adhirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 mediante la Ley Provincial 528-R y, por lo tanto, no podía incorporar nuevas excepciones al régimen de circulación por decreto. Según el tribunal, una modificación de ese alcance requería una ley sancionada por la Legislatura. En ese punto, los magistrados entendieron que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones reglamentarias al dictar una prioridad distinta a la prevista en la normativa nacional.
La resolución surgió a partir de una presentación de José Beltrán Bengoa, abogado de Mateo Joaquín Argüello Medawar, imputado por homicidio culposo en relación con la muerte de la motociclista. El hecho investigado ocurrió el 21 de agosto de 2026 en la intersección de Catamarca y avenida José Ignacio de la Roza, en Capital. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, Gallardo circulaba en motocicleta por Ignacio de la Roza, de oeste a este, mientras que Argüello Medawar manejaba un Peugeot 3008 por Catamarca, de sur a norte.
Marco procesal
Durante la audiencia de formalización, realizada el 4 de septiembre, la Fiscalía había atribuido al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Uno de los fundamentos de esa acusación estaba vinculado con la presunta falta de respeto a la prioridad de paso en favor de quienes circulaban por avenidas. Con el nuevo fallo, ese argumento deja de apoyarse en la norma provincial cuestionada y la investigación deberá continuar con base en la legislación nacional aplicable.
En el debate también se expusieron posiciones contrapuestas. La Fiscalía y la querella sostuvieron la validez de la regla provincial, al entender que las autoridades locales pueden adoptar medidas de seguridad vial adecuadas a las características del tránsito sanjuanino. En cambio, la defensa citó antecedentes de los fueros civiles en los que ya se había discutido la constitucionalidad del mismo artículo y señaló diferencias de criterio entre tribunales civiles y penales. La querella, representada por la abogada Julieta Campillay Fernández, pidió además que se evaluaran otros factores de la conducta del conductor, como la velocidad, la posibilidad de advertir la moto, las maniobras de frenado y el deber de cuidado.
El Tribunal también rechazó por extemporáneo un recurso de la querella que buscaba la inhabilitación provisoria de Argüello Medawar y la retención de su licencia de conducir. Según la resolución, esa presentación fue realizada el 14 de septiembre, cuando ya había vencido el plazo legal de tres días para impugnar la decisión adoptada el 4 de septiembre. Con este escenario, la Fiscalía queda habilitada a modificar el encuadre de la acusación y a seguir reuniendo elementos para determinar si existieron otras conductas imprudentes en el siniestro vial.




