Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino quedó detenido este jueves luego de llegar con unos 40 minutos de demora a una audiencia en Tribunales en la que intentaba cerrar un acuerdo económico con diez personas que lo acusan por presuntas estafas con cheques sin fondos. La medida fue dispuesta por la jueza Flavia Allende cuando el imputado no se presentó a la hora fijada y la fiscalía pidió que fuera declarado en rebeldía. El traslado posterior a la Comisaría 4ª se produjo después de una conversación con el fiscal Mariano Juárez, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas.
En la sala estaban los diez damnificados, tres abogados querellantes y el defensor de Balmaceda, César Jofré, aunque el acusado y su abogado no habían llegado al inicio de la audiencia. Según se informó en la propia jornada, Jofré intentó comunicarse con su cliente sin obtener respuesta. La fiscalía sostuvo que correspondía avanzar con la rebeldía por la incomparecencia injustificada, una resolución que se adopta cuando una persona imputada no se presenta ante la Justicia sin una explicación válida. Allende indicó que habitualmente contempla la posibilidad de una demora por inconvenientes, pero remarcó que en este caso no había una justificación conocida y que los damnificados habían concurrido puntualmente.
Reparación integral La audiencia tenía como objetivo evaluar una reparación integral, es decir, un mecanismo procesal que permite a la persona imputada y a las víctimas acordar una compensación por el daño causado, bajo control judicial. La defensa pidió que la instancia vuelva a realizarse, posibilidad que podría concretarse este viernes. La jueza sostuvo que la tardanza del investigado constituyó una falta de respeto hacia los damnificados. El episodio dejó abierta la continuidad del trámite, pero con el acusado nuevamente privado de la libertad mientras se define si habrá una nueva audiencia.
Antecedentes de la causa La situación procesal de Balmaceda ya había tenido un antecedente favorable para la defensa en mayo, cuando recuperó la libertad tras un fallo de un juez de impugnación que hizo lugar a un recurso presentado por Jofré. En ese momento, la investigación incluía seis hechos de estafa y un perjuicio estimado en 15 millones de pesos, principalmente por la compra de motocicletas pagadas con cheques sin fondos. Con el avance de las denuncias, el número de damnificados ascendió a diez y el perjuicio económico total ronda actualmente los 20 millones de pesos, según la acusación.
Hechos investigados La hipótesis fiscal sostiene que el hombre se presentaba como comprador de motos, vehículos y otros bienes, concretaba las operaciones mediante cheques que luego no podían cobrarse y se quedaba con los productos. Esa conducta es la que se analiza en la causa que tramita en San Juan. Si la reparación integral prospera, el expediente podría encaminarse por una vía alternativa a la continuidad del proceso penal tradicional; si no hay acuerdo, la investigación seguirá su curso con las medidas que disponga el tribunal.
