La causa por la muerte de tres jóvenes por inhalación de monóxido de carbono en Capital sumó un nuevo expediente judicial orientado a determinar si los condenados realizaron movimientos patrimoniales para eludir la indemnización reclamada por sus familiares. La investigación se centra en dos operaciones inmobiliarias concretadas mientras avanzaba el reclamo económico derivado de la sentencia. El juez Alberto Caballero autorizó la formalización de la investigación penal preparatoria y fijó un plazo de seis meses para reunir prueba.
Durante ese período, el acusado seguirá en libertad mientras la Fiscalía avanza con las medidas de prueba. La pesquisa está a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Atilio Yanardi. La hipótesis fiscal es que Muñoz y Teresa Elizabeth Scalise habrían concretado maniobras para desprenderse de bienes cuando ya estaba en trámite el reclamo económico de las familias. La eventual responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso.
Operaciones bajo análisis Entre los movimientos investigados figura la venta de una propiedad realizada el 16 de abril de 2025. Según la presentación fiscal, Muñoz y Scalise transfirieron ese inmueble por $176 millones a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora. Además, el 23 de junio del mismo año, ambos habrían donado a sus hijos una vivienda ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital. Para la acusación, corresponde establecer si esas operaciones tuvieron como finalidad impedir o dificultar el cobro de la indemnización reconocida judicialmente.
Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como insolvencia fraudulenta, una figura prevista en el artículo 179, segundo párrafo, en relación con el artículo 45 del Código Penal. Esa calificación implica, en esta etapa, una hipótesis de trabajo y no una conclusión definitiva sobre la conducta de los involucrados. El proceso deberá determinar si existió o no una maniobra destinada a vaciar el patrimonio frente a una obligación judicial ya reclamada.
La investigación se desprende de la tragedia ocurrida en agosto de 2023, cuando Sasha, Yeni y una adolescente de 17 años fueron halladas muertas en un departamento monoambiente que alquilaban temporalmente en Concepción. Las tres fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Por ese episodio, en abril de 2024, Muñoz y Scalise recibieron una condena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial, en el marco de un juicio abreviado, por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
El nuevo expediente no cuestiona aquella sentencia, sino que busca establecer si existieron maniobras patrimoniales para eludir las obligaciones económicas derivadas de la muerte de las tres jóvenes. Con el plazo de seis meses ya fijado por el juez Caballero, la evolución de la causa dependerá de la prueba que incorpore la Fiscalía y de si los movimientos inmobiliarios quedaron o no vinculados con la obligación de resarcir a las familias.
