Una denuncia presentada por el Colegio de Psicólogos de San Juan derivó en una investigación judicial contra Carina Alejandra Vergara, señalada por ofrecer servicios como psicóloga social en Jáchal sin contar, según la acusación, con título universitario habilitante ni autorización para ejercer en la provincia.
El caso llegó a la Unidad Fiscal del Norte y fue resuelto el 2 de noviembre mediante un acuerdo de suspensión del proceso a prueba por un año. Esa salida procesal evita, por el momento, la elevación a juicio, pero exige el cumplimiento de condiciones fijadas por la Justicia durante ese plazo.
La denuncia fue presentada el 13 de noviembre de 2025 por Melisa Rodríguez, entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan. En esa presentación sostuvo que Vergara estaría realizando actividades propias de la Psicología Social sin reunir los requisitos legales para hacerlo. La acusación quedó encuadrada en actuaciones investigativas por presunta infracción al artículo 247 en perjuicio de la Administración Pública.
Según la investigación, la mujer promocionaba sus servicios en redes sociales, donde difundía videos y contenidos vinculados con salud mental, Psicología y Psiquiatría. Entre los temas que abordaba figuraban la depresión, la ansiedad y una supuesta metodología de «programación del cerebro» que, de acuerdo con sus publicaciones, estaría orientada a curar la depresión. Los investigadores también establecieron que había realizado un curso de Psicología Social en la Fundación Casa Cuna, de Córdoba, donde obtuvo un certificado de aprobación y una matrícula de carácter interno.
Alcance del acuerdo Esa acreditación, sin embargo, no equivale a un título universitario habilitante ni a una matrícula profesional autorizada para ejercer en San Juan. En el marco del acuerdo, Vergara deberá abonar $100.000 en concepto de reparación simbólica del daño, en dos cuotas de $50.000, con destino a la institución que determine la Oficina Judicial Multifuero. Además, tendrá que cumplir 40 horas de trabajos comunitarios no remunerados dentro de un plazo de tres meses.
La causa cuenta con la intervención del fiscal Gastón Mateo Salvio y de la ayudante fiscal Ana Laura López, ambos de la Unidad Fiscal del Norte. Si cumple las obligaciones impuestas durante el año de suspensión del proceso a prueba, la imputada evitará que el expediente avance hacia un juicio oral. El cumplimiento de esas reglas será la variable central a seguir en los próximos meses.
