La causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó este lunes un nuevo planteo de nulidad y quedó a la espera de una definición de la jueza Mónica Lucero. Las defensas de los ex presidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol pidieron anular todo lo actuado por una decisión previa de la magistrada. Lucero dispuso un cuarto intermedio hasta este martes para resolver.
Si la jueza hace lugar al pedido, la investigación podría retrotraerse y la fiscalía debería volver a formalizar las acusaciones contra los investigados. Por esa eventualidad, Lucero utilizó los tres días hábiles que tenía disponibles para analizar el planteo. La decisión tendrá impacto directo sobre el avance de la audiencia de formalización, que quedó suspendida en su desarrollo.
El planteo de las defensas El pedido fue presentado por los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair, quienes habían recusado a la jueza antes de esta audiencia. Según expusieron, el motivo fue un vínculo que Lucero tendría con un ex miembro de OSSE que también podría ser investigado, además de la imposibilidad de acceder al expediente. La magistrada rechazó esa recusación y continuó al frente de la causa, pero sin habilitar una revisión de esa decisión.
Ese rechazo es ahora el eje del planteo de nulidad, con el que las defensas buscan invalidar lo actuado. Si Lucero desestima el pedido, la audiencia seguirá en su tercera jornada y las defensas podrán recurrir ante el Tribunal de Impugnación, la instancia que revisa este tipo de resoluciones. La definición de este martes será, por lo tanto, una instancia procesal clave para el futuro inmediato del expediente.
Los imputados y los cargos En la audiencia anterior, la fiscalía detalló las imputaciones contra los 11 imputados por presuntas irregularidades en la licitación, la contratación y la ejecución de la obra. El fiscal Sebastián Gómez atribuye tres delitos a Sergio Uñac, ex gobernador y actual senador nacional; a Cristian Andino, diputado nacional y ex presidente de OSSE; y a Sergio Ruiz. Esos delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Al resto de los investigados —Gustavo Mastelone, Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa, Rolando Vicente Caruso, Guillermo Nicolás Sirerol y Juan Carlos Caparrós— se les atribuyen dos delitos: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. La fiscalía diferenció además el grado de participación: a los primeros cinco los acusó como partícipes necesarios en el primer delito y autores en el segundo, mientras que Sirerol y Caparrós, ambos ex presidentes de OSSE, fueron imputados como autores de ambos hechos.
Una formalización separada De los 11 señalados, uno no estuvo presente cuando se conocieron las imputaciones: el ex ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, que estaba de viaje en el exterior. Por ese motivo, la jueza resolvió formalizarlo de manera separada, una decisión que ya se adoptó en otros expedientes judiciales. La resolución sobre la nulidad, prevista para este martes, definirá si la causa sigue desde este punto o si debe retroceder a una nueva formalización.




