La actividad de los cuidacoches quedó prohibida por ley en la provincia de Santa Fe, después de que el Senado provincial diera sanción definitiva al proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas. La iniciativa fue aprobada con 16 votos afirmativos y tres ausencias, y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. El alcance práctico de la norma dependerá de la adhesión de cada municipio.
La ley modifica el Código de Convivencia santafesino e incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater. El texto alcanza a quienes, sin autorización y en lugares donde la actividad esté prohibida por las normas locales, cobren por estacionar, cuidar, guardar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública. En ese marco, la aplicación no será automática, porque cada municipio deberá definir cómo instrumenta las disposiciones dentro de su jurisdicción.
Sanciones y agravantes
Para esas conductas, la norma prevé trabajo comunitario de entre 2 y 10 días y la posibilidad de impedir que el infractor vuelva al lugar donde fue detectada la actividad. En casos de reincidencia, las sanciones pueden incluir entre 10 y 20 días de arresto. También se establece un agravamiento cuando se utilizan amenazas o violencia contra personas o bienes, y cuando la actividad se desarrolla en zonas escolares, bancarias, comerciales, edificios públicos o en horario nocturno, entre las 18 y las 6.
Alcance territorial y control
La prohibición contempla especialmente sectores de estacionamiento tarifado o administrados por organismos autorizados. También incluye las inmediaciones de eventos masivos, con un radio de hasta 20 cuadras durante las dos horas previas y la hora posterior a cada actividad. En los casos en que exista un acuerdo previo o una organización entre dos o más personas, podrán aplicarse penas de entre 10 y 20 días de arresto, con incrementos si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables. Los municipios tendrán la competencia contravencional y podrán pedir la intervención de la Policía a través del ministerio correspondiente cuando sea necesario hacer cesar una infracción.
Abordaje social y próximos pasos
La ley también dispone que el Ejecutivo provincial impulse medidas de capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y atención de situaciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos. Además, prevé coordinación con municipios y entidades públicas y privadas. Durante el debate, Ciro Seisas sostuvo que la iniciativa surgió a partir de reclamos de vecinos y comerciantes, y afirmó: “Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad”. Según explicó, la implementación recién comenzará cuando cada municipio adhiera y avance con sus propias regulaciones. El texto aprobado por el Senado dejó vigente la versión original de la Cámara alta, luego de que Diputados introdujera modificaciones en su tratamiento.
