La diputada nacional Nancy Viviana Picón Martínez, junto con Carlos Gustavo Jaime Quiroga, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Capacitación y Concientización para la Prevención y Actuación ante Sismos. La propuesta apunta a fortalecer la preparación de la población y de las instituciones frente a fenómenos sísmicos, con acciones permanentes de formación, prevención y difusión de protocolos. En los fundamentos, la legisladora sostiene que la Argentina tiene regiones de importante actividad sísmica y menciona los terremotos de San Juan de 1944 y 1977 como antecedentes relevantes.
Alcance institucional El texto establece que las capacitaciones serían obligatorias para quienes trabajen en la administración pública nacional, organismos descentralizados, empresas del Estado, establecimientos educativos, Fuerzas Armadas, fuerzas federales de seguridad y organismos de atención al público. Los contenidos incluirían actividad sísmica, procedimientos de evacuación, primeros auxilios, elaboración de planes de emergencia y protocolos de comunicación. La iniciativa también plantea coordinar acciones entre la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
Simulacros y planes El proyecto dispone capacitaciones semestrales durante el primer año de implementación y luego una frecuencia anual. Además, fija la obligación de realizar al menos un simulacro de actuación y evacuación por año en cada organismo alcanzado. Cada dependencia deberá contar con un plan actualizado de emergencia ante sismos, lo que incorpora una exigencia operativa concreta para el sector público y para las instituciones incluidas en la norma proyectada.
Educación y accesibilidad Otro de los ejes es la incorporación de contenidos sobre prevención sísmica en el sistema educativo, en coordinación con el Consejo Federal de Educación. El texto también prevé campañas públicas permanentes de concientización y remarca la accesibilidad de materiales y protocolos para personas con discapacidad, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Ese punto amplía el alcance de la propuesta hacia grupos que suelen requerir procedimientos específicos en situaciones de emergencia.
Coordinación y adhesión La autoridad de aplicación sería designada por el Poder Ejecutivo y debería coordinar acciones con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y los organismos provinciales y municipales competentes. El proyecto además invita a las provincias y municipios a adherir a la futura norma, por lo que su implementación quedaría condicionada a la reglamentación y a la articulación interjurisdiccional. En ese marco, la discusión legislativa definiría el alcance efectivo de la capacitación obligatoria y de los simulacros previstos.
