La pobreza en Argentina subió al 34,4% de la población en el segundo trimestre de 2026, según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El porcentaje superó el 31,4% del mismo período del año anterior y, de acuerdo con el organismo, sumó 800.000 nuevos pobres en los 31 aglomerados urbanos relevados. En paralelo, la indigencia llegó al 8% y afectó a 3,7 millones de personas. Al proyectar los datos sobre los 46,7 millones de habitantes del país, los sectores empobrecidos alcanzan a 16 millones de personas.
Analistas del Observatorio de la UCA atribuyeron el incremento a la caída del ingreso disponible por los aumentos en tarifas de servicios regulados y al crecimiento del trabajo informal o precario. Esa lectura se apoya en la evolución del poder de compra y en la expansión de ocupaciones sin estabilidad ni aportes, dos variables que inciden sobre la capacidad de los hogares para sostener consumo básico. El dato del INDEC, en ese marco, opera como un indicador de deterioro social que excede la medición puntual de ingresos.
Servicios básicos El estudio oficial, elaborado sobre 10,2 millones de hogares, mostró un rezago extendido en infraestructura esencial. El 35,4% de las viviendas, equivalente a 3,6 millones de familias y 12,2 millones de personas, no cuenta con gas de red, que aparece como el servicio de menor cobertura. En saneamiento, el 26,9% de los hogares, o 9,2 millones de habitantes, carece de desagües cloacales, y el 9,1% de la población, es decir 3,2 millones de personas, no accede a agua corriente.
En conjunto, el 52,6% de la población urbana, unos 15,8 millones de personas, no dispone de al menos una de esas tres prestaciones. Ese cuadro es relevante porque vincula pobreza monetaria con carencias materiales que suelen persistir más allá de los ciclos de ingreso. También condiciona la planificación de obras de red, saneamiento y expansión de servicios, que requieren financiamiento sostenido y ejecución prolongada.
Salud y vivienda La pérdida de empleos formales llevó a que 486.000 personas abandonaran sus obras sociales o prepagas en el último año, según el mismo relevamiento. Como resultado, el sistema público de salud quedó como única cobertura para el 35,5% de la población, equivalente a 10,6 millones de personas, con mayor presión sobre hospitales y centros asistenciales. En paralelo, el 22% de la población vive en viviendas con materiales constructivos deficientes, proporción que entre los indigentes asciende al 48,5%.
El informe también registró que el 3,4% de la población, unas 1,03 millones de personas, sufre hacinamiento crítico. Además, el 9,1% vive en zonas inundables y el 6% reside cerca de basurales, indicadores que agravan la vulnerabilidad sanitaria y ambiental. En cuanto a la tenencia, el 61,7% de los hogares es propietario del inmueble y el terreno, el 20,9% alquila y el 9,7% ocupa la vivienda en calidad de ocupante.
La desigualdad también se refleja en la educación: el 56,1% de las personas indigentes pertenece a hogares con clima educativo bajo, frente al 24,5% de los sectores no pobres. Ese contraste es uno de los elementos que el informe deja abiertos para seguir la evolución social en los próximos relevamientos del INDEC. La próxima referencia estadística relevante será la actualización del mismo sistema de medición, que permitirá comparar si la tendencia del segundo trimestre de 2026 se consolida o se revierte.
