La Justicia federal ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y reunir información sobre los controles migratorios vinculados con la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina rumbo a Estados Unidos.
Las medidas fueron dispuestas por la jueza María Eugenia Capuchetti, a partir de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por una presunta intervención irregular en el traslado del senador brasileño. El objeto de la actuación es determinar si existió alguna conducta ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y la posterior salida del dirigente.
Prueba preliminar Entre las diligencias ordenadas figura la preservación de las filmaciones correspondientes al período comprendido entre el 27 y el 28 de octubre. También se libraron oficios para establecer si las autoridades argentinas recibieron alertas, notificaciones oficiales o comunicaciones de Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro. La investigación incluye un pedido de información a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer qué controles se realizaron sobre la aeronave y sus pasajeros antes de la partida.
Estas medidas fueron solicitadas por la fiscalía antes de resolver si corresponde impulsar formalmente la investigación a partir de la denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. En su presentación, Solano denunció posibles delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. También sostuvo que Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina por Puerto Iguazú y salió del país a las 23.30 del 27 de octubre, a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino a Miami.
Marco de la denuncia El denunciante afirmó que Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según señaló, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes. A partir de ese planteo, pidió investigar si los organismos argentinos contaban con información previa sobre la situación judicial del senador y si correspondía aplicar algún procedimiento de cooperación internacional. La presentación también cuestionó que no se hubieran adoptado restricciones y solicitó determinar si existieron omisiones en los mecanismos de control.
Por el momento, las medidas dispuestas por Capuchetti tienen carácter preliminar y buscan reunir elementos para definir los pasos procesales siguientes. No implican que se hayan comprobado los delitos denunciados. En paralelo, la fiscalía federal de Puerto Iguazú descartó la existencia de delitos vinculados con el ingreso de Bolsonaro a Argentina, aunque la Fiscalía de Revisión deberá determinar si corresponde archivar ese expediente o profundizar la investigación. Se trata de una causa distinta de la que tramita en Comodoro Py, centrada en la posible intervención de funcionarios argentinos en el traslado del dirigente brasileño.
