El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010. El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y propone cambios en los criterios de internación, la atención de los consumos problemáticos y la organización de los servicios sanitarios. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo.
Cambios en internaciones La reforma modifica aspectos centrales de la Ley 26.657, que estableció un modelo de atención basado en los derechos humanos y la inclusión comunitaria. Entre los principales cambios, amplía las condiciones para disponer internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales especializados en psiquiatría dentro del sistema de atención y fortalece la participación de los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios. El texto mantiene el carácter excepcional de estas medidas y reafirma la necesidad de garantizar los derechos de las personas durante el tratamiento.
Urgencias y control judicial Uno de los puntos centrales es la modificación de los criterios para disponer una internación sin el consentimiento del paciente. El proyecto establece que estas medidas podrán adoptarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La evaluación deberá considerar el estado actual del paciente, sus antecedentes de conductas o ideaciones que puedan provocar daños y la evolución previsible de su situación si no recibe tratamiento. En situaciones de urgencia, cuando haya un solo médico disponible, podrá ordenar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario especializado dentro de las 48 horas; además, los jueces podrán disponerla si los prestadores de salud se niegan pese a que se cumplan los requisitos legales.
Hospitales y atención especializada Otro cambio relevante es la habilitación de internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, además de los hospitales generales. La medida también contempla instituciones específicas, tanto públicas como privadas. La reforma mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y conserva el objetivo de promover dispositivos comunitarios que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas con padecimientos de salud mental. El proyecto también habilita teleconsultas con médicos psiquiatras cuando no se pueda garantizar su presencia física, con el fin de facilitar el acceso a especialistas, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
Familias y financiamiento La iniciativa incorpora expresamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental y establece nuevas disposiciones sobre la participación de las familias en los tratamientos. También agrega obligaciones para familiares y responsables de personas con trastornos mentales, además de reconocer derechos específicos para quienes cumplen tareas de cuidado. En materia de financiamiento, durante el debate se incorporó una disposición para establecer mecanismos de asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta contempla convenios entre jurisdicciones, con compromisos de financiamiento, objetivos, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas.
Próximos pasos Los recursos deberán destinarse prioritariamente al fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la contratación y formación de profesionales, las teleconsultas y el desarrollo de dispositivos comunitarios. El objetivo es que las provincias puedan afrontar las obligaciones derivadas de la ley según sus capacidades fiscales y sanitarias. Con la aprobación en la Cámara alta, el texto quedó en condiciones de ser debatido por Diputados, que deberá darle aprobación para que la reforma quede convertida en ley.
