La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir en un plazo de cinco días con la cautelar dictada en la causa.
Según el fallo, si no hay cumplimiento total de la medida, se aplicarán astreintes, es decir, multas diarias por demora. El magistrado sostuvo que la cautelar se encuentra firme y que corresponde exigir su ejecución efectiva en el expediente.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó Cormick en su resolución.
Reclamo universitario Las universidades, junto con gremios docentes y no docentes, sostienen que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. Del lado oficial, el Gobierno ofreció 3% en la última paritaria, según se informó en la nota original, y ese desacuerdo derivó en una nueva marcha federal universitaria prevista para el 15 de octubre.
En paralelo, esta semana comenzaron paros en distintas facultades de la UBA y las medidas se extenderán de manera escalonada hasta la protesta de octubre, que tendrá epicentro en el Palacio de Tribunales. El fallo también ordena el “cumplimiento total” de la cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición de salarios docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.
La decisión judicial deja abierto el próximo paso procesal: si el Estado nacional no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, el tribunal podrá avanzar con la imposición de multas. En paralelo, el conflicto universitario seguirá en agenda por la combinación de litigio judicial, reclamo salarial y medidas de fuerza gremiales.
