El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó este martes la investigación penal contra un hombre de 58 años por un llamado intimidatorio contra el papa León XIV, realizado el sábado previo a su llegada al país.
Con la asistencia del auxiliar fiscal Juan Martín Vera, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó en esta instancia los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal. La imputación no implica una condena, sino la apertura formal de una pesquisa bajo esas figuras penales. A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti fijó un plazo de 90 días hábiles para la investigación.
Medidas de coerción
La fiscalía sostuvo que, por la pena en expectativa y por las circunstancias del caso, correspondía dictar medidas para asegurar la comparecencia del imputado y evitar el entorpecimiento de la investigación, según el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Entre esas medidas dispuso que el hombre mantenga su domicilio en Bahía Blanca, con las condiciones impuestas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), y que no salga de esa ciudad sin autorización judicial. El magistrado federal coincidió con ese planteo y ordenó su libertad bajo esas restricciones.
Origen de la causa
El caso se inició en la noche del sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el pontífice. Las actuaciones fueron giradas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la Unidad Fiscal, porque la amenaza estaba vinculada con la llegada del sumo pontífice a Argentina. A partir de medidas urgentes, la investigación determinó la titularidad de la línea telefónica utilizada, radicada en Bahía Blanca.
Allanamiento y secuestro
Con esos datos, el domingo el Ministerio Público Fiscal pidió órdenes de allanamiento, requisa y detención, que fueron concedidas y ejecutadas ese mismo día por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense. En el procedimiento se secuestró el teléfono celular desde el cual, según la pesquisa, se realizó el llamado. Luego de notificársele sus derechos, el hombre quedó alojado en la comisaría de Tornquinst hasta la audiencia de formalización, en la que recuperó la libertad bajo medidas de coerción.
La causa seguirá ahora con un plazo de 90 días hábiles para producir prueba y sostener la hipótesis fiscal. En ese período, la investigación deberá confirmar o descartar la responsabilidad penal del imputado con base en las medidas ya ordenadas y en el análisis del material secuestrado.
