La presidenta del Bloque de Diputados Provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó un proyecto de ley para crear un sistema provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en el ámbito educativo. La iniciativa apunta a actualizar el Código de Faltas de Santa Fe para incorporar sanciones por violencia digital y por el uso dañino de inteligencia artificial.
Según explicó Arena, la propuesta surge ante la necesidad de contar con herramientas contravencionales específicas para casos de manipulación mediante inteligencia artificial. La diputada sostuvo que “no podemos dejar a los jueces sin herramientas contravencionales específicas” para abordar estas situaciones. El planteo se inscribe en un terreno donde, de acuerdo con su exposición, el tratamiento penal corresponde al Congreso de la Nación.
Vacío normativo En ese marco, Arena afirmó que existen proyectos nacionales presentados “desde hace más de tres años”, aunque todavía no fueron tratados. También señaló que el actual Código menciona solo imágenes reales, lo que —según su criterio— deja un vacío frente a contenidos generados artificialmente. La legisladora remarcó que resulta necesario establecer sanciones específicas porque, en su visión, estas prácticas suelen confundirse con un juego, aunque generan consecuencias concretas.
Antecedente reciente La iniciativa tomó relevancia en medio del caso Desajusto, donde un adolescente de 14 años habría usado inteligencia artificial para crear imágenes falsas de desnudos de seis chicas, que luego fueron viralizadas. La situación continúa en investigación y se aguardan definiciones del Ministerio Público de la Acusación. Ese expediente funciona como antecedente inmediato del debate legislativo sobre los límites de la respuesta provincial frente a este tipo de hechos.
Próximos pasos El proyecto de Arena busca instalar un marco de intervención en el sistema educativo mientras no exista una regulación penal específica de alcance nacional. La discusión queda abierta entre la actualización del Código de Faltas provincial y la eventual definición que adopte el Congreso de la Nación sobre estas conductas. En paralelo, el caso Desajusto seguirá bajo análisis judicial, con definiciones pendientes del organismo acusador.
