El Gobierno nacional dejó sin efecto, por ahora, el pago de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgó a sus titulares un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación médica y socioeconómica. La medida alcanza a beneficiarios que deberán acreditar que continúan reuniendo los requisitos exigidos para la prestación asistencial. Según la comunicación oficial, el objetivo es revisar casos que quedaron sin respaldo documental suficiente en los controles realizados.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó en conferencia de prensa que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió frenar el restablecimiento de esos pagos porque no encontró presentaciones ni antecedentes médicos o económicos suficientes para sostenerlos. En ese marco, aclaró: “Esta medida no implica determinar que los titulares no tengan una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que siguen cumpliendo las condiciones exigidas por la normativa”. La definición administrativa no equivale, por sí sola, a una conclusión sobre la existencia de una infracción o una maniobra fraudulenta.
Qué documentación puede presentarse
De acuerdo con lo explicado por Ravier, las personas afectadas podrán aportar documentación médica y socioeconómica, justificar por qué no asistieron a las auditorías o sumar otros antecedentes para que se revise su situación. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, según el procedimiento que fije el organismo. El esquema de revisión queda así atado a la respuesta de cada beneficiario dentro del plazo fijado.
Los cruces de datos
El funcionario sostuvo que el cruce de bases de datos oficiales permitió detectar beneficiarios con bienes que, según el Gobierno, resultarían incompatibles con una prestación de carácter asistencial. El relevamiento incluyó 38 casos de titulares con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles y 40 personas con al menos una propiedad de más de una hectárea. También señaló que se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión. Esos datos fueron presentados por el Ejecutivo como indicios que ameritan revisión administrativa.
Ravier remarcó que las pensiones por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y no cuentan con otros medios de vida, por lo que el beneficio no depende solo de tener una discapacidad o el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En ese marco, el Gobierno planteó que la existencia de determinados bienes obliga a revisar si subsisten las condiciones para cobrar la prestación. La medida mantiene suspendidos los pagos hasta que el organismo evalúe la documentación que eventualmente presenten los titulares. El próximo paso dependerá de la cantidad de expedientes que ingresen dentro de los 30 días hábiles fijados por la administración nacional.
