El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue los incidentes y destrozos ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso, durante la movilización universitaria. La presentación apunta a identificar a las personas involucradas y establecer si sus conductas encuadran en delitos.
En el escrito, los funcionarios sostuvieron que algunos manifestantes actuaron “con los rostros cubiertos a fin de no ser identificados” y afirmaron que se dañó “el erario público”. También señalaron que se arrojaron “objetos contundentes y peligrosos” contra la infraestructura de la zona y contra los efectivos de las fuerzas federales desplegados en el operativo de seguridad.
La denuncia incorpora además las lesiones que, según la cartera, habrían sufrido integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad durante los enfrentamientos. De acuerdo con la presentación, los efectivos fueron blanco de ataques reiterados a lo largo de los incidentes. Ese punto deberá ser corroborado con la prueba que reúna el expediente.
Hipótesis de la denuncia Otro de los ejes planteados por el Ministerio es la posibilidad de que los disturbios hayan tenido por objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada. Esa afirmación integra los argumentos de la denuncia y no constituye una conclusión judicial. La cartera pidió que se investiguen posibles delitos de atentado y resistencia agravados a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado.
Para avanzar en el esclarecimiento, la presentación solicitó incorporar grabaciones de los incidentes, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, informes de los operativos y documentación médica de los efectivos heridos. El escrito lleva las firmas de Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Ahora será la Justicia la que deba determinar si existieron delitos y quiénes participaron de los hechos.
