El Gobierno nacional recaudó más de $5.381 millones en lo que va de 2026 por sanciones a buques que pescan de manera ilegal en el Mar Argentino, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. De acuerdo con el organismo, el ingreso acumulado asciende a $5.381.374.680 en concepto de compensaciones. El dato surge del refuerzo de los controles sobre embarcaciones que operan en aguas argentinas sin cumplir la normativa vigente.
La medida se enmarca en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que forma parte de la política oficial de “tolerancia cero y fiscalización inteligente para proteger los recursos del Mar Argentino”. Esa línea de actuación apunta a sostener controles permanentes y a aplicar sanciones cuando se detectan infracciones dentro de la jurisdicción argentina. En términos prácticos, el esquema busca desalentar la operatoria irregular y generar un recupero económico para el Estado.
Últimas sanciones
La última sanción informada alcanzó al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, por operar dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), es decir, el espacio marítimo sobre el que Argentina ejerce derechos de explotación y control de recursos. También fueron sancionadas por las mismas razones las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, ambas de Vanuatu, y “Coimbra”, de Portugal. La cartera de Agricultura atribuyó esas medidas al cumplimiento de la normativa de pesca y al combate de la actividad ilegal en aguas bajo jurisdicción nacional.
Marco regulatorio
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca remarcaron que la política oficial busca “garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, mediante una estrategia de control permanente y sanciones efectivas frente a quienes infringen las normas dentro de la ZEEA”. La referencia oficial ubica el problema en la preservación de los recursos pesqueros y en la protección de la actividad económica que depende de ellos. En ese marco, las sanciones no solo tienen efecto punitivo sino también recaudatorio para el Estado.
Las acciones informadas forman parte de la prevención y del combate de la pesca ilegal, según precisó el organismo nacional. El monto acumulado en 2026 constituye, además, un indicador del nivel de fiscalización aplicado sobre la flota extranjera que ingresa o opera de manera irregular en el área. El próximo dato a seguir será la evolución de nuevas sanciones y el eventual impacto que ese esquema tenga sobre la operatoria de buques en la ZEEA.
