El Gobierno de Javier Milei pedirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, en el marco del arbitraje iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación apunta a que el tribunal ordene el cese de las actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina. El planteo se vincula con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión oficial se activó después de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno había otorgado a Londres para adoptar medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Ese plazo vence el lunes, según la información difundida por la administración nacional. La presentación se encuadra en el procedimiento de arbitraje notificado por la Argentina al Reino Unido bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona en disputa.
Alcance del planteo El canciller Pablo Quirno había señalado que se trata del inicio del proceso arbitral previsto por la convención internacional. También sostuvo que es la primera vez que la Argentina lleva ante un tribunal internacional los hechos vinculados con la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos en esa zona. La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no busca resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sino determinar si una de las partes puede explotar de manera unilateral recursos no renovables en un área marítima cuya jurisdicción y soberanía están en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene sede en Hamburgo y está integrado por 21 jueces. Según el material difundido, la Argentina ya utilizó ese mecanismo internacional en el caso de la retención de la Fragata Libertad en Ghana, cuando en 2012 el tribunal ordenó liberar el buque escuela de la Armada Argentina. Ese antecedente aparece ahora como referencia procesal para una nueva presentación vinculada con el diferendo del Atlántico Sur.
Empresas y plazos El reclamo argentino se relaciona con los planes de Navitas Petroleum y Rockhopper, empresas israelí y británica que proyectan comenzar la explotación petrolera en la zona durante 2028. De acuerdo con la información publicada, las acciones impulsadas por el Gobierno argentino durante los últimos meses generaron dificultades financieras para ambas compañías, cuyas cotizaciones registraron bajas. Las empresas también reclamaron asistencia al Foreign Office británico, al igual que la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.
Quirno mencionó además, durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la decisión de algunos proveedores de retirarse de actividades vinculadas con la explotación petrolera. Entre ellos aparece Halliburton, que anunció que no prestará servicios en las Islas Malvinas ante la posibilidad de sanciones argentinas vinculadas con el proyecto Sea Lion. En ese mismo marco, el canciller hizo referencia a la evolución de las acciones de Navitas y Rockhopper y cuestionó las actividades hidrocarburíferas impulsadas en el archipiélago.
Próximos pasos La Presidencia informó en septiembre que Milei había instruido a los equipos jurídicos de la Cancillería para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la CONVEMAR y solicitar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El procedimiento quedó bajo la órbita de la Consejería Legal de la Cancillería, con intervención del embajador Mario Oyarzábal. En paralelo, el Gobierno mantiene otras medidas diplomáticas, administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en Malvinas, en una estrategia que ahora suma la vía del tribunal internacional.
