A poco más de un mes del noveno aniversario del hundimiento del ARA San Juan, la justicia federal avanza con la revisión de la única condena dictada en el juicio y de las tres absoluciones. El expediente quedó en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky. La instancia se abrió a partir de los recursos presentados por las querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes y por el Ministerio Público Fiscal.
La sentencia que será revisada fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el 8 de julio. En ese fallo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide recibió una pena de 3 años de prisión en ejecución condicional, mientras que Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa fueron absueltos. La defensa de Villamide también impugnó su condena, por lo que el caso quedó abierto en todos sus tramos ante el máximo tribunal penal federal.
Qué plantean las querellas
Las abogadas Carreras y Arias, en representación de una de las querellas, pidieron que la condena a Villamide deje de ser condicional y pase a ser de cumplimiento efectivo. También solicitaron que se revoque la absolución de López Mazzeo. Respecto de Alonso y Correa, no reclamaron una condena directa, sino la nulidad de las absoluciones por falta de fundamentación y una nueva resolución que evalúe de manera correcta sus funciones dentro de la cadena de mando.
En su planteo, las representantes de las familias sostuvieron que el tribunal aplicó una interpretación restrictiva de las responsabilidades de los oficiales. Según su argumentación, una función puede ser auxiliar respecto de quien adopta la decisión final y, al mismo tiempo, generar deberes propios de asesoramiento, advertencia, coordinación, verificación o información. Ese punto será uno de los ejes de análisis de Casación al revisar si el fallo explicó con suficiente sustento por qué absolvió a parte de los acusados.
El pedido de Tagliapietra
La otra querella, encabezada por Luis Tagliapietra, pidió un alcance mayor: que se anule todo el juicio realizado en Río Gallegos y se ordene un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Entre sus cuestionamientos incluyó la falta de producción de pericias ordenadas durante la investigación, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, restricciones que, según su presentación, tuvo la querella durante el debate y la competencia territorial del tribunal que intervino en el proceso.
Ese planteo ya había sido formulado antes del inicio del juicio y fue rechazado en esa etapa, por lo que ahora vuelve a quedar bajo revisión en la instancia de Casación. Las actuaciones quedaron radicadas a fines de septiembre y, una vez mantenidas las impugnaciones por las partes, los magistrados deberán resolver si confirman el fallo, lo modifican o disponen una nulidad total o parcial. La definición de la Sala IV será decisiva para establecer si la causa mantiene la sentencia actual o si se abre un nuevo tramo judicial en un expediente que sigue bajo seguimiento de los familiares de las víctimas.
