La Justicia de San Juan ordenó que el servicio de colectivos vuelva a funcionar con normalidad en toda la provincia y fijó una multa de $1.000.000 por día para quienes incumplan la decisión. La resolución fue dictada este jueves por el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, en el marco del conflicto que mantiene paralizado al transporte público.
La medida judicial se adoptó a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado, que pidió frenar las medidas de fuerza impulsadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Según la resolución, las organizaciones involucradas y las empresas concesionarias deberán retomar la prestación del servicio una vez notificadas formalmente. También deberán poner a disposición los colectivos y los recursos necesarios para garantizar la circulación.
Alcance de la sanción La resolución establece consecuencias económicas si la orden no es acatada. Para los trabajadores que continúen con la medida de fuerza después de haber sido notificados, se fijó una multa de $1.000.000 por cada día de incumplimiento. El fallo también alcanza a las entidades sindicales, sus autoridades y las empresas involucradas, con sanciones previstas ante eventuales incumplimientos. Además, si la medida no se respeta, las actuaciones serán enviadas a la Fiscalía General para analizar una posible infracción a los artículos 239 y 106 del Código Penal.
Derechos en conflicto La presentación judicial buscó evitar que la interrupción del transporte se extendiera y afectara a los usuarios que dependen del servicio para trasladarse a diario. Al fundamentar su decisión, el juez consideró necesario compatibilizar el derecho a huelga con otros derechos constitucionales, entre ellos la circulación, el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria. La resolución advierte que una paralización total del transporte puede impactar en personas que no cuentan con otros medios para llegar a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o centros de salud.
El fiscal de Estado Sebastián Dávila explicó en diálogo con 0264 Radio que la acción judicial apuntó a restablecer el servicio y evitar que otros derechos quedaran afectados. Sostuvo que los fundamentos de la presentación fueron proteger derechos constitucionales vinculados con el tránsito por la provincia y con la salud. También aclaró que no se desconoce el derecho de los trabajadores a reclamar, pero señaló que la afectación de otros derechos de bien público motivó la intervención judicial.
En paralelo, Dávila señaló que la multa diaria de $1.000.000 fue establecida directamente por el magistrado y que la Fiscalía de Estado pidió que se asegure la restitución normal del transporte. Con la notificación de la resolución, la continuidad del conflicto entre choferes, empresas y autoridades quedó sujeta al cumplimiento de la orden judicial. El próximo paso será verificar si el servicio se restablece en toda la provincia o si se activan las sanciones previstas por el fallo.
