El juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó el pedido de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para que SiDUNSJ, ADICUS, UDA, el Estado Nacional y el Ministerio de Capital Humano fueran citados como terceros en el reclamo impulsado por padres de alumnos de los colegios preuniversitarios. La resolución, notificada este martes, mantiene el litigio centrado entre la universidad y las familias que exigen recuperar horas y clases perdidas por los paros. La definición también delimita el alcance del proceso, al excluir del expediente a actores que la UNSJ había señalado por las medidas de fuerza y por el financiamiento educativo.
La casa de altos estudios había sostenido que los gremios y el Estado Nacional debían intervenir porque el conflicto se vinculaba con las medidas sindicales y con la financiación prevista por ley para las universidades nacionales. En su presentación, también había incluido al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo y la Agencia Territorial San Juan, por las competencias de control laboral. El juez consideró que esas referencias describen el contexto del conflicto, pero no justifican una controversia común que obligue a incorporar a esos terceros en la causa. En ese sentido, sostuvo que la demanda no se dirige contra ellos ni requiere resolver sobre la legitimidad de las medidas sindicales, el financiamiento universitario o las facultades de la autoridad laboral.
La cautelar vigente Mientras tanto, sigue activa la medida cautelar dictada en el expediente, por la cual el juez ordenó a la UNSJ presentar un plan de trabajo para garantizar el dictado de clases y la recuperación de contenidos. La universidad elevó propuestas para los tres colegios preuniversitarios: el Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. La UNSJ entendió que con esa presentación había cumplido la cautelar, pero los padres objetaron que los planes no cuantifican lo perdido, no recuperan horas para todo el alumnado y presentan como recuperación actividades ordinarias.
En ese marco, los demandantes pidieron que no se tenga por cumplida la orden judicial y denunciaron “hechos nuevos”, entre ellos anuncios de medidas de fuerza de los gremios APUNSJ y ADICUS para los primeros días de este mes. A partir de esa situación, solicitaron ampliar la cautelar para que la UNSJ garantice, durante toda medida de acción directa que afecte a los institutos, una prestación del servicio educativo no inferior al 75% de la normal, por establecimiento y turno. También reclamaron que la universidad adopte los mecanismos laborales y administrativos necesarios para sostener la actividad escolar.
El conflicto paralelo La notificación judicial llegó al mismo tiempo que se profundizó una controversia aparte entre José Luis Miolano, director general de Asuntos Legales de la UNSJ, y ADICUS. Miolano defendió su actuación en la presentación judicial de los padres, aseguró que obró a título personal y rechazó que sus hijos sean involucrados en una disputa gremial e institucional. Desde ADICUS, en cambio, sostuvieron que el abogado “no puede ser juez y parte” y cuestionaron que, como funcionario legal de la universidad, participe en una demanda contra la propia institución.
Miolano además anticipó, en declaraciones a 0264 Radio, que denunciará al gremio por difundir sus datos personales en redes sociales. Según afirmó, la entidad sindical “ha violado la ley de datos personales, ha violado el decreto reglamentario de la ley de datos personales”. Ese planteo se suma al expediente principal, aunque por ahora no modifica la resolución central del juez sobre la negativa a incorporar a los terceros propuestos. El próximo movimiento procesal está puesto en la definición sobre el pedido de ampliar la cautelar presentado por los padres.




