Las familias de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sostienen que la pérdida de días de clase dejó pendiente más del 50% de los contenidos previstos para el ciclo lectivo. Eugenia Rodríguez, representante de padres de alumnos de la Escuela de Comercio, la Industrial y el Colegio Central Universitario, afirmó que todavía no recibieron una comunicación oficial sobre el plan que deben presentar las autoridades tras la cautelar dictada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo. El planteo de las familias se concentra en dos puntos: cómo se recuperarán las clases y quién controlará el cumplimiento de lo que se disponga.
En diálogo con Mil20, Rodríguez cuestionó la falta de respuestas institucionales y puso en duda que la medida judicial, por sí sola, alcance para garantizar la continuidad pedagógica. “Nadie se ha comunicado con los padres, no tenemos contacto”, afirmó, al señalar además que no fueron convocados a una reunión con los abogados que impulsaron la presentación. La resolución judicial exige que la universidad y los colegios elaboren un plan de contingencia para recuperar los días perdidos, con propuestas específicas para cada establecimiento dentro del plazo fijado por el tribunal.
Impacto pedagógico
Rodríguez sostuvo que el perjuicio no se limita a las jornadas afectadas por las medidas de fuerza, sino que también incluye ausencias docentes por enfermedad u otros motivos. Como ejemplo, mencionó el caso de su hijo, que, según relató, llevaba tres semanas sin clases de Matemática por la ausencia de la profesora. También cuestionó la modalidad con la que, en algunos casos, se retoman materias: dijo que hay docentes que vuelven y toman evaluaciones sobre guías entregadas antes de sus ausencias, sin haber completado el dictado correspondiente.
La representante de las familias planteó que la situación debe analizarse caso por caso, porque cada estudiante atraviesa dificultades distintas según su contexto familiar, social y educativo. En ese marco, afirmó que todavía quedan numerosos contenidos por desarrollar y estimó que la proporción pendiente supera el 50%. Para las familias, ese dato vuelve central la definición de un mecanismo verificable de recuperación, ya que la sola presentación de un documento no asegura que los programas se completen efectivamente.
Reclamos por el funcionamiento interno
Rodríguez también cuestionó situaciones que, según dijo, se producen dentro de las aulas. Sostuvo que sus hijas le contaron que algunos docentes utilizan parte del tiempo de clase para expresar su malestar con el Gobierno nacional e invitar a los alumnos a participar de marchas. “No vemos cambios de actitud. En vez de tener el dictado de la materia, se dedican a invitarlos a la marcha”, manifestó. En ese punto, reclamó controles sobre lo que ocurre durante la jornada escolar y pidió que la prioridad sea el aprendizaje.
La dirigente de las familias además apuntó contra las autoridades universitarias por la falta de diálogo. Según relató, los padres debieron reunir dinero para afrontar los costos de la representación legal, en un contexto económico que también afecta a los hogares. “Ni siquiera el rector veló por la educación de nuestros hijos”, expresó Rodríguez, quien afirmó que no encontraron una respuesta institucional a sus inquietudes. Agregó que la exdirectora de la Escuela Industrial fue la única autoridad que los recibió, aunque, según su testimonio, les habría dicho que tenía limitaciones para intervenir en el conflicto.
Lo que sigue
Mientras la UNSJ avanza con la elaboración de los planes exigidos por la cautelar, las familias esperan conocer qué medidas concretas se implementarán para recuperar las clases y completar los programas. Rodríguez insistió en que será necesario revisar las propuestas de cada establecimiento, comprobar su cumplimiento y establecer quién estará a cargo de supervisarlas. También advirtió que algunas familias evalúan cambiar a sus hijos de los colegios preuniversitarios para el próximo ciclo lectivo, aunque no aportó cifras oficiales sobre esa eventual salida de alumnos. La discusión queda ahora atada a la presentación del plan y a la capacidad de control que tenga la instancia judicial sobre su ejecución.
