La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) obtuvo 92,3 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, correspondiente al segundo trimestre de 2026. El resultado ubica a la institución entre las universidades nacionales mejor calificadas en esa medición oficial.
En diálogo con Radio Mil20, Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, aclaró que se trata de una evaluación realizada por un organismo del Estado nacional y no de un indicador construido por las propias universidades. Según explicó, el índice mide dos dimensiones: la Transparencia Activa, referida a la publicación de información obligatoria, y la Transparencia Proactiva, que considera datos adicionales puestos a disposición de la ciudadanía.
Cómo se compone el indicador
En el caso de la UNSJ, la calificación se desagrega en 84,8 puntos sobre 90 en Transparencia Activa y 7,5 puntos sobre 10 en Transparencia Proactiva. El relevamiento contempla 20 ítems: 13 vinculados con la información obligatoria y siete con la difusión complementaria. También evalúa que los datos estén completos, actualizados y sean de fácil acceso para cualquier ciudadano.
Coca indicó que buena parte de esa información está disponible en el sitio oficial de la universidad, en la pestaña denominada “Universidad Transparente”. Allí pueden consultarse gastos, licitaciones, compras, nómina del personal, escalas salariales, planes estratégicos, convenios con distintas organizaciones y cuentas de ejercicio, además de documentación descargable en formato PDF. El funcionario sostuvo que ese esquema permite seguir el destino de los recursos públicos y el modo en que se administran dentro de la institución.
Control de fondos y rendiciones
El secretario Administrativo Financiero también defendió el mecanismo de rendición de los fondos que la Nación transfiere a las universidades públicas. Explicó que existe un sistema de control a través del Sistema de Transferencias Educativas, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde cada transferencia debe justificarse con la documentación correspondiente. En ese marco, afirmó: “La rendición va boleta por boleta, ticket por ticket. Se sube al sistema y se envía a la Subsecretaría de Política Universitaria”.
Además, señaló que el Gobierno nacional tiene acceso permanente a esas rendiciones y aseguró que la UNSJ cumple con los procedimientos establecidos. Como ejemplo, mencionó que la universidad pudo acceder al financiamiento para la carrera de Medicina. La referencia aparece en medio de las discusiones sobre la trazabilidad del gasto universitario y la exigencia de información respaldatoria para cada desembolso.
Advertencia por el presupuesto de 2027
Más allá del resultado en transparencia, Coca expresó preocupación por la situación económica del sistema universitario y, en particular, por el presupuesto previsto para 2027. Sostuvo que la gestión está “finalizando con lo justo” y que ese proyecto sería el más restrictivo desde 2021, año en que asumió la actual administración universitaria.
El funcionario cuestionó que el proyecto de Presupuesto nacional mantenga los fondos universitarios propuestos por el Gobierno y no contemple la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. También aludió a la discusión judicial sobre el decreto que promulgó esa norma pero suspendió su aplicación, y dijo que las universidades esperan una definición de la Justicia sobre su constitucionalidad.
En materia de cifras, Coca indicó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado alrededor de 11 billones de pesos, mientras que el Gobierno nacional contempló unos 7 billones en el presupuesto. Agregó que aproximadamente 1 billón quedaría sujeto a una distribución discrecional del Ejecutivo, por lo que la asignación directa para las universidades rondaría los 6,3 billones de pesos. Según resumió, en términos reales el sistema quedaría “más de un 30%” por debajo del presupuesto de 2023.




