La UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) confirmó que ya son más de 300 los obreros contratados para las obras públicas que comenzaron en San Juan. El secretario adjunto del gremio, Alberto Tovares, señaló que una de las empresas que trabaja en los barrios pasó de 70 a 203 trabajadores en planta en poco más de un mes. La cifra se vincula con el arranque de frentes de trabajo en 11 barrios y corredores viales impulsados por el gobierno de Marcelo Orrego.
“Hace como 30 días atrás eran 70, así que en todo este tiempo han llegado a tomar 130 compañeros más, que no es poca cosa y es un aliento importante”, dijo Tovares. Según el dirigente, la reactivación de esas obras se produce después de dos años y medio sin fondos nacionales para la construcción en la provincia. Para el gremio, la apertura de estos frentes representa una mejora inmediata para las familias que no conseguían empleo en el sector.
Contratos y registro laboral
La señal de inicio se consolidó cuando el Ministerio de Infraestructura firmó contratos con 11 empresas para comenzar las tareas preliminares de los barrios. En paralelo, el sindicato colocó las direcciones de cada obra en las sedes de Rawson, Pocito, 9 de Julio y Calingasta para que los trabajadores se acercaran a anotarse. Tovares explicó que el pedido al ministro fue facilitar esa información para que los obreros pudieran presentarse en cada frente de trabajo. También sostuvo que había una demanda extendida de empleo después del parate de la actividad.
Fin de año y efecto económico
El dirigente gremial vinculó la reactivación con la cercanía de las fiestas de fin de año, un período en el que la falta de empleo golpea con más fuerza a los hogares obreros. Además, remarcó que el movimiento de la construcción también impacta en comercios y servicios de cercanía. Mencionó, entre otros rubros, a ferreteros, electricistas, almacenes y pequeños vendedores que se mueven alrededor de cada obra. Ese efecto indirecto forma parte del peso económico que la construcción suele tener sobre las zonas donde se ejecutan los trabajos.
Financiamiento y control fiscal
Detrás de ese ritmo de obras, el Gobierno provincial sostiene una estrategia financiera que, según informó, supera los 1.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Economía y Finanzas, Roberto Gutiérrez, explicó que los fondos fueron obtenidos antes de iniciar los trabajos para resguardarlos de la inflación y evitar interrupciones por falta de dinero. El esquema combina 600 millones de dólares de la colocación del Bono San Juan, 250 millones de dólares de un acuerdo con la minera Vicuña y un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la Ruta Nacional 40 Sur.
Gutiérrez afirmó que esos recursos están destinados exclusivamente a infraestructura y que la ley impide aplicarlos a gastos corrientes del Estado. “Nosotros ya tenemos el dinero y la mejor forma de invertirlo es en las obras de infraestructura, para lo cual está destinado”, dijo el ministro. Agregó que “mientras más rápida sea la curva de inversión, más rápida sea la construcción de las casas, menos riesgo hay para esa inversión”. El Gobierno provincial indicó, además, que el proceso cuenta con control fiscal de la Contaduría General, la Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas.
Viviendas y próximos pasos
Además de las obras en la Ruta 40 y la Ruta 20, el plan prevé una inversión de 320.000 millones de pesos para levantar 2.240 viviendas distribuidas en 30 barrios. A esa cifra se suman las 1.600 soluciones habitacionales que ya están en marcha, con una proyección oficial de llegar a 4.000 viviendas construidas hacia mayo de 2027. Para las familias de los departamentos donde arrancan las obras, la recomendación del gremio es acercarse a la sede de la UOCRA de su zona para anotarse en la lista de trabajadores.
