El conflicto interno en el Consejo Profesional de Martilleros y Corredores de San Juan sumó una resolución judicial que frenó la asamblea prevista para este viernes y dejó en suspenso el recambio de autoridades. La medida fue dictada por la jueza Amanda Díaz, del 11º Civil, y comunicada a la entidad este jueves. En su decisión, ordenó la “inmediata suspensión” del acto y dispuso mantener el statu quo institucional “hasta tanto se garantice la regularidad formal y contable”.
La presentación fue impulsada por un grupo de afiliados que cuestiona la gestión del presidente Héctor Daniel Molina y sostiene que existen irregularidades en la administración del Consejo. Entre los puntos señalados aparece la falta de balances contables de los últimos 10 años, además de observaciones sobre el manejo de la matrícula profesional. La jueza también advirtió que la documentación aportada por Molina “contiene reconocimientos explícitos de suma gravedad institucional”, una expresión que quedó incorporada al expediente y que todavía sigue bajo análisis.
Balances y matrícula
Según trascendió en el marco de la causa, la observación judicial se vinculó con la ausencia de balances por al menos unos seis años y con la afirmación de que la matrícula anual, fijada para 2026 en 750.000 pesos, se liquidaría en una cuenta bancaria personal de Molina. Esa versión fue denunciada por matriculados que dijeron haber depositado el canon profesional en la cuenta personal del presidente. De verificarse esa situación, el monto anual habría rondado los 30 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los 40 martilleros que integran el Consejo.
La resolución judicial también sostuvo que permitir la asamblea “configura un peligro en la demora concreto e irreparable” y que su realización alteraría el estado de hecho y de derecho existente, con riesgo de frustrar la sentencia definitiva. Al mismo tiempo, la magistrada aclaró que la suspensión no compromete funciones esenciales del ente ni el ejercicio profesional de los matriculados. En ese contexto, el acto que iba a incluir la lectura del acta anterior, la memoria, cuentas y recursos, y la elección de nuevas autoridades quedó sin efecto.
Antecedentes del expediente
La denuncia fue presentada en agosto por Gustavo Federico Sommo, Eduardo Barbano, María Clara Carrizo, Mariela Cruz, Gustavo Mauricio Turell y Juan Pablo Arabel Trucco, con patrocinio de Roberto Pelegrina. A principios de octubre, la jueza había pedido secuestrar documentación de la sede central del Consejo ante la falta de respuesta del presidente y luego dictó una medida de no innovar, que frenó la lista de profesionales habilitados. La Cámara Civil deberá resolver ahora el pedido de intervención judicial formulado por los denunciantes, mientras la Junta Electoral ya había oficializado una sola lista, Unión, encabezada por David Ángel Espejo y con Héctor Daniel Molina como primer vocal titular.
Con la asamblea suspendida y la intervención todavía pendiente de definición, el expediente seguirá en la Cámara Civil, que deberá pronunciarse sobre el reclamo de los afiliados. Hasta entonces, la entidad deberá mantener su funcionamiento sin alterar la situación institucional y contable observada por el tribunal.
