La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, intimó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) para que informe con urgencia cómo garantizará la atención de sus afiliados ante el anuncio de una suspensión de prestaciones por 72 horas por parte de prestadores vinculados a la obra social. La medida, dispuesta de oficio el 13 de octubre, fijó un plazo de 48 horas para responder. El requerimiento busca precisar qué servicios seguirán disponibles en San Juan y cómo se sostendrá la cobertura mientras dure el conflicto.
La intervención se apoyó en la tutela del derecho a la salud de personas mayores, muchas de ellas con enfermedades crónicas, discapacidad o necesidad de atención permanente. Según el planteo de la Defensoría, aun cuando la suspensión sea temporal, puede provocar demoras o interrupciones en consultas, estudios, tratamientos, internaciones, atención domiciliaria y entrega de medicamentos. En ese marco, el organismo provincial pidió información concreta sobre la operatoria prevista para evitar que la medida recaiga sobre los afiliados.
Requerimientos puntuales
Entre los puntos que PAMI deberá informar figuran qué prestadores, establecimientos y servicios alcanzará la suspensión en San Juan. También deberá precisar si habrá guardias mínimas y dónde se atenderán urgencias y emergencias, además de detallar cómo se asegurará la continuidad de tratamientos que no pueden postergarse. La Defensoría pidió, además, los canales de atención y orientación disponibles para los afiliados, con teléfonos y lugares habilitados.
El requerimiento incluye, asimismo, la forma en que se garantizará la provisión de medicamentos e insumos y la reprogramación con prioridad de turnos, estudios y prácticas suspendidas. La Defensoría también solicitó saber si existe un plan de contingencia integral, con responsables y plazos definidos. La información resulta clave para dimensionar el alcance real de la interrupción anunciada y su impacto operativo sobre la red de atención.
Antecedentes
La Defensora remarcó que los conflictos económicos o administrativos entre la obra social y sus prestadores no pueden trasladarse a los afiliados. En ese criterio, sostuvo que las personas mayores deben recibir información clara y a tiempo sobre qué servicios seguirán funcionando. No es la primera intervención del organismo sobre este tema: en junio la Defensoría ya había abordado la continuidad de las prestaciones de PAMI, y a comienzos de septiembre requirió información ante un anuncio de suspensión por 48 horas.
Con el nuevo pedido, la Defensoría dejó planteada la necesidad de una respuesta formal de PAMI sobre la cobertura efectiva durante la medida anunciada por los prestadores. El plazo de 48 horas corre desde la intimación dispuesta el 13 de octubre, y la definición que adopte el organismo será central para conocer si habrá guardias, reprogramaciones y continuidad de tratamientos en San Juan.
