La defensora del Pueblo de San Juan y vicepresidenta de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Florencia Peñalosa, advirtió que aumentaron con fuerza las consultas vinculadas al endeudamiento familiar. Durante una entrevista en Telesol, señaló que la Defensoría se descentralizó hacia departamentos y barrios para acercar la atención a los vecinos. La funcionaria sostuvo que el organismo observa un cambio en el perfil de los reclamos y que, en los últimos meses, la principal demanda dejó de estar concentrada en otros servicios para pasar a las deudas.
Según precisó Peñalosa, los reclamos que recibe la Defensoría crecieron un 110% en el último tiempo. La defensora explicó que, en una primera etapa, la mayor parte de los pedidos estaba vinculada con fallas en hospitales públicos y privados, situación que motivó reuniones con directores de esos centros de salud. Ese antecedente sirve para dimensionar el corrimiento posterior hacia un problema económico que hoy concentra la atención del organismo.
Relevamiento propio
En los últimos seis meses, la Defensoría cambió su estadística interna y detectó que el eje de las consultas pasó a ser el endeudamiento de los sanjuaninos. Para medir ese fenómeno, el Observatorio de la Defensoría realizó una encuesta en la calle. El resultado indicó que el 74% de los consultados tiene deudas activas en este momento.
El mismo relevamiento mostró que el 62% debió endeudarse para comprar alimentos o destina más de la mitad de su salario al pago de obligaciones anteriores. Además, el 70% manifestó sentir angustia y la percepción de que no podrá salir de esa situación. La información fue presentada como una medición propia del organismo, por lo que no constituye una estadística oficial del conjunto de la provincia.
Medidas y gestiones
Frente a ese cuadro, la Defensoría pidió informes al Banco Central sobre prestamistas que operan sin autorización. También intimó a los bancos a abrir líneas de consolidación de deuda, es decir, créditos que unifican varias obligaciones en una sola con menor interés, y a frenar intereses considerados abusivos. En paralelo, reclamó la intervención urgente del área de salud mental del Ministerio de Salud provincial, debido al impacto que puede tener la angustia económica sobre la salud de las personas.
Peñalosa agregó que, a partir de esas gestiones, empresas de servicios como Naturgy y OSSE habilitaron planes de refinanciación para sus clientes. La funcionaria también indicó que la Defensoría cuenta con equipos interdisciplinarios y puede actuar de oficio cuando detecta que un servicio público esencial, como el transporte, no funciona adecuadamente. El seguimiento del tema queda ahora atado a la evolución de los reclamos y a la respuesta de los organismos y prestadores involucrados.
